La Defensoría del Pueblo realizó una visita de verificaron para garantizar el derecho a la salud de las más de 3.000 personas privadas de la libertad en el complejo carcelario y penitenciario de alta y mediana seguridad, ubicado en Pedregal, Medellín.

La Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social y la Regional Antioquia lideraron la jornada que contó con la participación de los directores del Fondo para la Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad (PPL), la UT Norsalud PPL y el equipo de Sanidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Durante la visita se evidenció la precariedad en la red prestadora de servicios y las claras deficiencias del operador logístico anterior que dejó represadas varias atenciones a cientos de usuarios. 

En la actualidad, el Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, junto con el operador logístico UT Norsalud PPL, mantiene un contrato vigente para servicios de salud de baja y media complejidad, pero los servicios que se prestan no son los más apropiados. Por otro lado, se pudo comprobar que la infraestructura física del establecimiento carcelario no es adecuada y no existe servicio de agua ni en los consultorios odontológicos, ni en los de terapia física; sin embargo, el servicio se sigue prestando a los internos.

Revisadas las instalaciones se encontró que la infraestructura física no es apta y se encontraron equipos médicos que no funcionan. No hay acceso a algunos servicios de salud para las personas que tienen movilidad reducida (deben ascender seis pisos y el ascensor está fuera de servicio). Además, se evidenció que no hay articulación entre el equipo de Sanidad y el Inpec para el cumplimento de citas de los internos.

Otro aspecto que se evidenció fue la mala disposición y el manejo de los desechos ordinarios que generan olores nauseabundos al interior del pabellón de hombres y la presencia de aves de rapiña en las áreas verdes del centro penitenciario.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Estado colombiano y al Inpec para que garanticen la plena protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.