La investigación para llegar a esta publicación, se adelantó en el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en Derechos Humanos, ProSeDHer, a través del cual la Defensoría del Pueblo busca que las políticas públicas sean diseñadas y ejecutadas desde una perspectiva de respeto, promoción y realización de los derechos humanos. 

Uno de los propósitos de este libro es el de delimitar el contenido y el alcance del derecho individual al trabajo e identificar las obligaciones que le competen al Estado a partir de los instrumentos internacionales de derechos humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT, la Constitución Política y las sentencias de la Corte Constitucional.

En desarrollo de esta investigación, se llevó a cabo la sistematización y análisis de las fuentes jurídicas del derecho individual al trabajo y se revisó la doctrina internacional de los sistemas de protección de los derechos humanos en la materia.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, recuerda que el derecho al trabajo es un derecho fundamental del ser humano, indispensable para el ejercicio y disfrute de una serie de derechos amparados tanto en el ordenamiento jurídico interno, como en los distintos instrumentos internacionales a los cuales ha adherido el Estado colombiano. El trabajo, además de ser uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho, es un derecho constitucional que debe gozar de especial protección del Estado. 

Alto desempleo

Así mismo, el Defensor del Pueblo llama la atención frente a los altos porcentajes de desempleo que se presentan actualmente en el país (11,3% en marzo - según el DANE), fenómeno ante el cual el Estado debe tomar medidas para garantizar el derecho de las personas a participar en el mercado laboral en aras del desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva. 

El más reciente reporte del DANE indica que en las trece principales ciudades del país, con sus áreas metropolitanas, el desempleo fue de 12,2%. En esas mismas ciudades, el subempleo se mantuvo en 29,3% por ciento. Ibagué continúa siendo la ciudad más azotada por el desempleo con una tasa de 21,8 por ciento durante el trimestre enero- marzo. En el otro extremo está Bogotá, con un desempleo de 12,5 por ciento. El subempleo siguió creciendo en el país y pasó del 29,5 por ciento al 30 por ciento.

Como destaca la publicación que lanza esta semana la Defensoría del Pueblo, el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones dignas que lo hagan aceptable y que permita la realización de todos los derechos humanos de los trabajadores. De esta manera, se debe asegurar, entre otras cosas, una remuneración que proporcione un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin ningún tipo de distinción, y que tal remuneración permita condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias.

Finalmente, el Defensor del Pueblo abogó para que la publicación presentada, contribuya al diseño, ejecución y evaluación de la política pública del Derecho al Trabajo desde la óptica de los derechos humanos, con el fin de asegurar la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos.