La Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Risaralda, participó en sesión de la Asamblea Departamental de Risaralda donde expuso el análisis y la inclusión de los derechos humanos de manera transversal en el Plan de Desarrollo presentado por la Gobernación de Risaralda.

Dentro del estudio realizado por el equipo de la Regional, se destacó que el plan tiene como prioridad la protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables, entre ellas niñas, niños y adolescentes, víctimas del conflicto armado, primera infancia, educación, agua potable, saneamiento básico, agricultura y seguridad alimentaria.

En el sector salud, se atendieron las recomendaciones de los defensores en cuanto al fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control que ejerce la Secretaría de Salud para cumplir con las metas del programa de inmunizaciones, las cuales deben ser implementadas por los actores del sistema. Además, se impulsó la gestión de inversiones públicas en infraestructura y equipamiento en salud, con el objetivo de garantizar este derecho fundamental desde un enfoque territorial. Asimismo, se incorporó el seguimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

En el sector educación, la Gobernación incluyó lo indicado por la Defensoría respecto a la promoción de programas estratégicos orientados a incrementar el acceso de jóvenes a la educación superior, la inclusión de métodos pedagógicos pertinentes y adecuados al contexto social y cultural. Sin embargo, la Defensoría también indicó que no se observa una estrategia que incluya la educación en derechos humanos en todas las instituciones educativas, de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.

En cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y siguiendo las recomendaciones de la Regional, el plan se compromete a fortalecer los comités de convivencia escolar. Este esfuerzo incluye la promoción de campañas de sensibilización e información dirigidas a la ciudadanía en general, con el objetivo de prevenir todo tipo de violencia, el abuso sexual, el trabajo infantil y el suicidio.

Asimismo, la entidad garante de los derechos humanos recomendó la creación y el fortalecimiento de la mesa departamental para la prevención y erradicación de todo tipo de violencias contra la infancia y la adolescencia. Lo anterior, con el objetivo de articular a las instituciones encargadas de proteger los derechos de esta población, de manera integral y con enfoque interseccional.

Frente al Programa de Alimentación Escolar (PAE), los funcionarios de la Defensoría reiteraron la importancia de fortalecer en la Secretaría de Educación los equipos de trabajo para realizar vigilancia continua a la ejecución y puesta en marcha del PAE, a fin de prevenir y alertar situaciones que den lugar a incumplimientos de los criterios establecidos.  La Defensoría señaló, además, la falta de una estrategia concreta para que la Secretaría de Educación implemente el mandato legal de la cátedra de la paz.

En cuanto a los derechos de las personas mayores, el equipo de la Regional destacó el avance en la formulación de la política departamental de envejecimiento y vejez, sugiriendo que se cumplan los estándares de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y se promueva la participación social de este grupo, superando el asistencialismo y garantizando una atención digna.

 

Derechos humanos como instrumento de dignificación

La Defensoría del Pueblo destacó la implementación de la política departamental de inclusión social para las personas con discapacidad y sus cuidadores, mediante mecanismos institucionales que faciliten su desarrollo integral. Además, solicitó que se priorice esta implementación, en concordancia con los estándares establecidos en la Ley 2297 de 2023, la cual está orientada al emprendimiento de cuidadores o asistentes personales no remunerados de personas con discapacidad.

Por otra parte, en cuanto a los derechos de las personas migrantes y retornadas, se insistió en la importancia de atender la recomendación defensorial para garantizar la participación efectiva, inclusiva y con enfoques diferenciales de derechos humanos de esta población, en la formulación y planeación del territorio.

Igualmente, con relación a la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, la Defensoría señaló que el plan de desarrollo cuenta con estrategias que recomendó la entidad tales como: la articulación con actores institucionales para el desarrollo de planes regionales de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; la participación efectiva de las víctimas en Risaralda desde los escenarios establecidos en la norma vigente y el apoyo subsidiariamente a los municipios de Risaralda en la Ayuda Humanitaria Inmediata.

Desde el enfoque de los derechos de la mujer y asuntos de género, el plan de desarrollo desde la perspectiva de la Defensoría cuenta con estrategias que atienden las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo en garantía de los derechos de esta comunidad.

Se solicitó que el campesinado sea reconocido como sujeto de derechos de especial protección constitucional y se garantice su acceso a beneficios de entidades nacionales, departamentales y municipales. Además, se recomendó un censo para identificar y certificar a los productores agropecuarios afectados por fenómenos naturales.

Sumado a ello, que se vele por el funcionamiento de los espacios de participación campesina establecidos en el artículo 61 de la Ley 101 de 1993, mediante la reactivación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural como instancia superior de concertación entre las comunidades rurales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, para acordar acciones que generen el desarrollo integral de la población campesina y rural.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo presentó recomendaciones para integrar un enfoque de derechos humanos en los sectores de comercio, industria y turismo, vivienda, ciudad y territorio, ambiente, desarrollo sostenible, territorial y tecnologías de la información y las comunicaciones. El objetivo es establecer una política departamental integral que beneficie a todos los risaraldenses.