La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Risaralda, intervino en la mediación entre la fuerza pública y la comunidad asentada de manera ilegal en la finca La Judea, ubicada en el municipio de La Virginia, con el fin de restablecer el orden mediante el diálogo y ser garantes de los derechos humanos.

Debido a hechos presentados el pasado jueves 2 de febrero, tras la orden de desalojo de los predios que fueron ocupados de manera ilegal por un grupo de personas, en su mayoría campesinos, se entabló un diálogo entre la comunidad, la Alcaldía y la Policía para lograr una solución de manera pacífica.

De esta manera, se busca dar cumplimiento a la medida jurídica expedida y normalizar la tensa situación presentada por el uso de la fuerza en el proceso de restitución de los predios. 

La Regional Risaralda mantendrá seguimiento como garante para que no existan vulneraciones a los derechos humanos y se den soluciones reales y estables, en el marco legal. Además, hará un trabajo de caracterización para identificar las familias y así establecer una mejor reubicación.