La Defensoría del Pueblo participó en un Consejo de Seguridad y Comité de Orden Público en el municipio de Guaranda, Sucre, que fue convocado por la Gobernación del departamento, atendiendo al llamado de la Corte Constitucional en la Sentencia T-045 de 2024, la cual ordena a entidades municipales y departamentales evaluar el riesgo y las necesidades del personal docente y administrativo que labora en la Institución Educativa Instegua.

Cabe recordar que esta sentencia se origina después de que la Personería del municipio de Guaranda en 2022 elevará una tutela, enmarcada en la Alerta Temprana 03 de 2020 de la Defensoría del Pueblo vigente para La Mojana sucreña.

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional protegió el derecho a la educación de 1,700 estudiantes de la Institución Educativa Instegua, luego de comprobar que la Secretaría de Educación de la Gobernación de Sucre vulneró este derecho al no garantizar suficientes docentes, personal de aseo y de seguridad.

Por este motivo, un equipo de la Regional Sucre apoyó la implementación de esta orden judicial, con el propósito de que las entidades pertinentes gestionen los nombramientos de personal para prevenir amenazas, hurtos y actos de vandalismo en los alrededores de la institución educativa.

Dentro de los alcances de la sentencia proferida por el Alto Tribunal, se ordenó a la Defensoría del Pueblo para que en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales realice seguimiento y acompañamiento permanente, de cara a evaluar el cumplimiento de las órdenes impartidas.

La Defensoría del Pueblo continuará haciendo seguimiento a esta sentencia, con el ánimo de brindar garantías de los derechos humanos de la población estudiantil, de los docentes y del personal administrativo.