El informe, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, centró su atención en el departamento de Risaralda, que se ha convertido en un territorio de confrontación armada no sólo por las ventajas que ofrece su localización y características geográficas, las cuales lo configuran como corredor estratégico para los actores armados ilegales con el Chocó, el Valle del Cauca y demás departamentos del Eje Cafetero, sino también por su importancia geoestratégica en la implementación de megaproyectos de infraestructura física proyectados para esta zona, los cuales lo convierten en un territorio de disputa entre los grupos armados ilegales.

Igualmente, el informe hizo énfasis en la conformación de tres ejes espaciales: Biopacífico, Cafetero e Industrial, que han sido impactados de una forma diferencial por el accionar de los grupos armados de la región. Desde la década de los cincuenta la violencia organizada ha sido persistente en los municipios del Eje Cafetero y las tasas de homicidio han estado por encima de las nacionales y muy ligadas a móviles relacionados con el conflicto armado y, desde luego, también asociadas al fenómeno del narcotráfico. Las tasas de homicidio en el año 2005, para el departamento de Risaralda fue de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando el promedio nacional que fue de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el año 2006, la tasa fue de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que la tasa nacional fue de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses.

Este estudio para Risaralda, constituye un importante instrumento de la Defensoría del Pueblo para orientar la política pública de prevención en el marco del conflicto armado interno y se suma a los elaborados para la Zona Cordillerana de Nariño y para el departamento de Putumayo.

La Defensoría del Pueblo, a través del Informe, formuló un conjunto de recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales con el fin de que se implementen medidas políticas, económicas, sociales y humanitarias que permitan prevenir las causas que estimulan la confrontación armada en el departamento de Risaralda y que ponen en riesgo los derechos fundamentales de la población civil.

La Audiencia Defensorial es un escenario de debate informado sobre problemas específicos de derechos humanos y, en esta oportunidad, le permitirá a las entidades estatales, a las organizaciones sociales y a las comunidades afectadas, conocer el diagnóstico y análisis estructural acerca de la situación de Risaralda para que se adopten e implementen de manera anticipada las acciones que mitiguen o prevengan los riesgos de violencia masiva o selectiva contra las comunidades.

En el evento participaron, además del Defensor del Pueblo, Vómar Pérez Ortiz; del Defensor Regional Risaralda, Luis Carlos Leal Vélez; del Defensor Delegado para la Evaluación del Riesgo de la Población Vivil, Jorge Enrique Calero, personalidades de la región como el Gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López; el Secretario de Gobierno Municipal, Juan Felipe Córdoba Latorre, y el Coronel Iván Manascero Gómez, de la Inspección del Ejército departamental.