El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta que al año son atendidos, en algún medio institucional y familiar sustituto, un promedio de 100 mil niños y niñas: 56 mil por “abandono o peligro”; 25 mil por “peligro” y 23 mil por “causas no definidas”. 

Sin embargo, como lo destaca el informe de la Defensoría del Pueblo a la Federación Internacional de Ombudsman -FIO, solo son declarados formalmente en abandono 4.500 niños/as, y un 57.5% de éstos, son dados en adopción. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS-2005, la tasa de mortalidad infantil es de 19 por mil, concluyendo que esa tasa es mayor en los niños que en las niñas. 

Niños y niñas muertos por violencia

Durante el 2004, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reportó 1.267 menores de edad muertos al año en circunstancias violentas como homicidios y suicidios; más de 670 por accidentes; 1.008 lesiones por accidentes, y 59.770 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 9.035 fueron contra menores de 18 años.

El mismo Instituto registró que el 84.3% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad, habiendo realizado 14.434 valoraciones al respecto. De ese total, el 84% de las víctimas en dicho periodo fueron niñas. 

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reportó en el 2003 un promedio de 60 mil denuncias al año por delito de inasistencia alimentaria. 

Embarazo en adolescentes

La Encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud de Profamilia año 2005, indica que cerca del 19% de las adolescentes entre 10 y 19 años ha tenido un embarazo, cifra que asciende al 30% en zonas marginales. El 16% son madres y el 4% espera un hijo. 

La encuesta agrega que la tasa global de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años fue de 13.5%. Vale decir que, de conformidad con UNIFEM, de cada 100 mujeres en situación de desplazamiento, el 35 por ciento han sido madres. 

Cerca de 20 de cada 100 niños y niñas colombianos carecen de registro civil, dificultando así el acceso a la protección y garantía de sus derechos por parte del Estado. Según UNICEF, al cumplir el primer año de vida, solo la mitad de los niños y niñas recibe leche materna, lo cual pone en riesgo su adecuado desarrollo físico, sicológico y afectivo. 

Educación infantil

La cobertura bruta de la educación básica y media en el año 2002 llegó al 82%, (matrícula total en el nivel de consideración, total de la población en edad para ese nivel) mientras que la cobertura neta fue del 78% (matrícula en edad para el nivel en consideración, total de población para ese nivel). La cifra de los niños y las niñas que están por fuera del sistema educativo asciende a 2’300.000 y el índice de analfabetismo es del 11% en áreas urbanas y del 30% en zonas rurales. 

Según cifras del DANE, en el 2001 se reportó un total de 1.568.000 niños y niñas y adolescentes que ejercían una ocupación, remunerada o no, en la producción de bienes y servicios. Además, 184 mil niños y niñas buscaban trabajo. El último dato arrojado por los estudios del Programa IPEC- OIT, revela que 2’400.000 niños, niñas y adolescentes están siendo explotados laboralmente. 

Niños y niñas desplazados

En cuanto al conflicto armado, 1’100.000 personas menores de 18 años han sido desplazadas en los últimos quince años, de acuerdo a cifras suministradas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-. Según estudios adelantados por la Defensoría del Pueblo con UNICEF y Human Rights Watch, se calcula que podría haber entre 6 mil y 11 mil niños reclutados ilícitamente.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha venido insistiendo en la necesidad de que el país adelante las gestiones relacionadas con la adopción de una normativa que incorpore los postulados de la legislación internacional de derechos humanos de la infancia al ordenamiento interno, y para ello ha propuesto tener como punto de partida los siguientes principios: doctrina de protección integral; perspectiva de derechos; interés superior del niño y prevalencia de sus derechos; perspectiva de género; principio de corresponsabilidad; interrelación entre legislación y políticas públicas, y consonancia con la legislación internacional de derechos humanos de los niños y niñas.

Ley para la infancia y la adolescencia

En el año 2005, la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación y un grupo importante de Senadores y Representantes a la Cámara, presentó una propuesta normativa a consideración del Congreso de la República (proyecto de ley estatutaria número 085 de 2005 Cámara), “por medio de la cual se expide la ley para la infancia y la adolescencia”, en respuesta a la importancia de que dicha adecuación se adelante a la mayor brevedad. Se trata de un gran avance para la consolidación de un marco de derechos que favorezca la generación de políticas públicas que el Estado colombiano debe adoptar para garantizar la construcción de un Estado moderno, democrático y plural que garantice el ejercicio responsable de los derechos de la niñez y la adolescencia, integrando la doctrina de protección integral en materia de infancia y adolescencia contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, a la legislación nacional.

Para la Defensoría del Pueblo es necesario que la norma logre que las instituciones obligadas a la realización y protección de los derechos humanos de los niños y niñas coordinen esfuerzos de tal forma que las diversas acciones logren que los efectos de su actividad sean oportunos, eficientes y eficaces. 

Un mundo más justo para la niñez

Según el Defensor del Pueblo, resulta indispensable que mediante el diseño y ejecución de una política pública, se logre que los esfuerzos que se adelanten a favor de la infancia sean suficientemente articulados, de manera que Colombia, en el corto, mediano y largo plazo, pueda dar cuenta de sus acciones en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la Infancia llevada a cabo en New York en el año 2002. En ese entonces nuestra nación suscribió el documento denominado “Un mundo más justo para los niños y las niñas”. 

Se pretende entonces que la actividad de realización de derechos y la prevención de situaciones que los vulneren, sean la principal actividad del Estado, la sociedad y la familia, a favor de la infancia colombiana, y que, solo en los eventos en que sea necesario, se recurra a la intervención del sistema de protección contemplado en el proyecto.

Infancia sin violencia

Finalmente, cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo, durante el mes de mayo, adelantará la campaña “Juguémosle a tener una infancia libre de violencia” en todo el país, mediante el trabajo conjunto de las defensorías regionales y seccionales con las autoridades locales. Se realizarán jornadas de acompañamiento y seguimiento de las denuncias que se presentan de actos de violencia contra la infancia, así como de ejercicios de reflexión sobre los derechos de la niñez y la forma como son vulnerados a través de agresiones ejercidas por adultos y adultas, invitando a la comunidad, a las instituciones locales y a los propios niños y niñas, a participar en ella de manera activa y comprometida.