El ejercicio de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia en Colombia, experimenta particulares afectaciones en el marco del conflicto armado interno , incrementa el riesgo de este sector de la población a una serie de prácticas vulneratorias de tales derechos. En tanto población civil, niños, niñas y adolescentes están expuestos a ser víctimas de amenazas, masacres, homicidios, desapariciones, torturas, ataques indiscriminados, accidentes e incidentes por minas antipersonal y/o armas de uso no convencional, enfrentamientos armados, restricciones a la circulación de bienes e insumos indispensables para su supervivencia, entre otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario, algunas de las cuales consideradas como crímenes de guerra de lesa humanidad por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Unido a las mencionadas formas de victimización, el reclutamiento ilícito es utilizado de manera recurrente como estrategia de guerra y como forma de sometimiento de la población civil; es un fenómeno que afecta especialmente a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad y, por esta razón, los adolescentes, los niños y las niñas son generalmente las víctimas más comunes de esta práctica.

Dentro de las distintas afectaciones a sus derechos fundamentales, utilizarlos y tratarlos como combatientes, en el marco de la confrontación armada, es una de las prácticas más lamentables. Esta problemática ha sido objeto de análisis e investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo desde 1996, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. 

El estudio que se divulga el día de hoy fue realizado con 329 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante los meses de agosto y septiembre de 2005; población 68% masculina y 32% femenina, ubicada entre los 15 y los 18 años (90%) y procedente de la totalidad de Departamentos del país (exceptuando San Andrés). Los grupos armados ilegales de los que procedían la mayoría de los niños, niñas y adolescentes desvinculados eran: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC (54,8%), seguido de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (22,3%), el Ejército de Liberación Nacional – ELN (15,1%), las Autodefensas Campesinas del Casanare – ACC (9,3%), el Ejército Revolucionario del Pueblo – ERP (1,1%), y otros grupos armados que , por su escasa representación en la muestra (generalmente un caso), se agruparon en la categoría “Otros” y constituyen en su conjunto el 1,9% de la población objeto de estudio. Es pertinente anotar que la distribución de los niños, niñas y adolescentes, según el grupo armado de procedencia, no es indicativa de mayores o menores niveles de concentración de población infantil o juvenil en un determinado grupo; lo que la distribución evidencia es la composición al interior de los servicios del ICBF.

La investigación buscó aportar elementos para el fortalecimiento y mejoramiento de la política pública responsable de los procesos de inserción social y productiva de niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales en lo relacionado, en primer lugar, con el análisis de los factores socioeconómicos, familiares, personales y del conflicto, asociados a la vinculación y desvinculación de esta población de los grupos armados ilegales. En segundo lugar, con la identificación y análisis de los factores que facilitan el proceso de inserción social y productiva durante el tránsito y egreso de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados irregulares en las modalidades de atención del ICBF. Y en tercer lugar, con el análisis de la situación de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, según los distintos momentos asociados con la vinculación y desvinculación de organizaciones armadas ilegales.

El informe contiene recomendaciones por cada uno de los derechos evaluados en materia de prevención del fenómeno y de restablecimiento de derechos e inclusión social a la población afectada por el mismo. Las recomendaciones convocan a las distintas entidades del Estado colombiano, a la familia y, a la sociedad en general, a encontrarle soluciones oportunas y adecuadas a la difícil y sensible problemática del reclutamiento forzado.

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN:

ENTIDAD INVESTIGADORA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA

APOYO FINANCIERO: UNICEF 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

FECHA: Agosto y septiembre de 2005

MUESTRA: 329 Niños, Niñas y Adolescentes.

OTRAS FUENTES: Encuesta institucional a 23 operadores/coordinadores de instituciones que participan de los modelos de atención del ICBF y entrevistas semiestructuradas a 24 operadores/coordinadores y niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales.

TÉCNICAS EMPLEADAS: la encuesta y la entrevista semiestructurada

Principales hallazgos del estudio:

Desde el punto de vista de la noción de Estado social de derecho definida por la Constitución Política en su artículo 44, establece la prevalencia de los derechos de la niñez, en el capítulo “Elementos de análisis normativo para la comprensión de la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales” se hace un análisis de los últimos desarrollos normativos del país en materia de atención a la población infantil desvinculada, enfatizando en hechos recientes como la sentencia C-2003 de 2005 de la Corte Constitucional, la Ley 975 de 2005 denominada “Ley de Justicia y Paz” y la Ley 1098 de 2006 recientemente sancionada.

Colombia ha ratificado la totalidad de instrumentos internacionales de derechos humanos que imponen al Estado la obligación de adelantar todas las acciones a su alcance con el propósito de erradicar el reclutamiento de menores de edad para ser utilizados en las hostilidades. Y aunque la legislación interna vigente no contempla como situación irregular el reclutamiento ilícito de menores de edad, vale decir que con el Código de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, se contemplan obligaciones de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento ilícito, y se establece el ejercicio del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la Nación, cuando se trata de su judicialización.

La Ley 782 de 2002 “ Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” , califica a los y las menores de edad como víctimas de la violencia y dispone su judicialización y la necesidad de que sean recibidos en el término de 36 horas y atendidos en el programa especializado para ellos por parte del ICBF, el cual se encuentra funcionando actualmente. Igualmente, dispone que esta población debe estar excluida de cualquier forma de colaboración o cooperación con la fuerza pública. 

La Defensoría del Pueblo ha recibido información, según la cual, en los procesos de desmovilización colectiva que han tenido lugar en el año 2006, no se ha producido la entrega de menores de edad reportados como integrantes de los grupos desmovilizados. Al respecto, conviene indicar que el 17 de mayo de 2006, el Secretario General del ICBF informó que “(…) el número de menores de edad que se han desvinculado de las organizaciones armadas al margen de la ley, con las que el Gobierno ha adelantado negociaciones de paz, a partir del 25 de junio de 2005 fecha en la que entró en vigencia la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia Y Paz”, es de 212, entre niños y niñas. A pesar de ello, en los procesos de desmovilización que se llevaron a cabo por parte de los grupos de autodefensa en el país durante el año 2006, los cuales implicaron la desmovilización de 18.372 mayores de edad hasta el 16 de agosto, no se han entregado de manera oficial y pública los menores de edad reclutados por parte de los mismos grupos desmovilizados. 

Para la Defensoría del Pueblo el proceso de desvinculación de los niños, niñas y adolescentes de esos grupos, tiene que ser informada al Estado, la sociedad y la familia. Se debe tener en cuenta que el reclutamiento ilícito de menores es uno de los delitos que más afecta la conciencia de la humanidad. Con esta situación, los grupos armados al margen de la ley buscan invisibilizar el reclutamiento ilícito de menores, así como su desvinculación, con las consecuencias que la invisibilización genera para el menor de edad, para la sociedad y para satisfacer adecuadamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Adicionalmente, el presente informe encuentra desproporcionado el tratamiento judicial brindado a los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, con el ofrecido a los adultos desmovilizados que los han reclutado ilícitamente. Ello por cuanto la Corte Constitucional en la sentencia C-203-05 manifiesta que los menores de edad desvinculados “son considerados víctimas del conflicto armado pero dicha condición no los exime per se de toda responsabilidad penal [y que] (…) no se desconoce ni la Constitución Política ni el derecho internacional por la vinculación de los menores desmovilizados a procesos judiciales destinados a establecer su responsabilidad penal.”. En efecto, mientras el sujeto activo responsable del delito de reclutamiento ilícito, y de otros delitos, no pierde sus beneficios los menores de edad, estos son considerados y tratados como infractores de la ley penal y sometidos al procedimiento judicial correspondiente e incluso pueden perder los beneficios contemplados para ellos en la ley 782 de 2002.

Dentro de los principales hallazgos, se encontró que el promedio de edad de reclutamiento bajó de 13.8 años en el 2001 a 12.8 años en el 2005 y que la población sujeta de estudio fue reclutada en 27 de los 32 departamentos del país. Así mismo, el estudio encontró, que las carencias de redes de protección familiares, sociales y comunitarias, así como de ofertas sociales y referentes institucionales contribuyen como factores de riesgo a la vinculación de estos niños, niñas y adolescentes a las filas de los grupos armados al margen de la ley. Durante la permanencia en el grupo armado, sin consideración de su edad, sexo y niveles de desarrollo, la población sujeto de estudio cumplió actividades propias de los grupos armados ilegales como si se tratase de cualquier otro combatiente. También se encontró que las prácticas más recurrentes para desvincularse del grupo armado por parte de la población sujeto de estudio fueron: escaparse (45,1%) y captura (35,5%). Los casos en los que “el grupo los dejó ir” (2,6%), “lo entregó el grupo” (1,6%), “otras personas exigieron su entrega” (1,1%) y “se entregó en una desmovilización masiva” (2.6%).

Los hallazgos en cuanto al ejercicio al derecho a la familia, evidencian que existen factores específicos de vulnerabilidad en términos de desprotección parental para los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales. Tan sólo el 43,9% de niños, niñas y adolescentes desvinculados vivía con sus dos padres antes de la vinculación (según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 este indicador para el país es de 57,9%). Parte de esta ausencia parental puede atribuirse a condiciones de victimización por el conflicto armado, los análisis multivariados evidenciaron cómo los niños, niñas y adolescentes que habitaban con familias sustitutas consanguíneas o no consanguíneas y en residencias independientes, experimentaron en mayor proporción el asesinato de algún familiar. De otra parte, en cuanto a relaciones familiares se halló que el 66,8% de los niños, niñas y adolescentes fue golpeado por lo menos en alguna oportunidad en su infancia, y para una cuarta parte de ellos y ellas los golpes fueron una práctica frecuente ; el 15% de los niños y 25,2% de las niñas expresaron que la violencia y la falta de afecto en sus familias influyeron como factores para ingresar al grupo armado. 

En materia de trabajo infantil, se halló que el 90% afirmó haber realizado por lo menos un tipo de actividad productiva no doméstica y/o doméstica antes del ingreso al grupo armado. La cercanía de los niños, niñas y adolescentes con manifestaciones del conflicto armado, incluso antes de la vinculación, se observa en los hallazgos sobre actos directos de violencia en el lugar donde vivían: el 52.6% experimentó de cerca episodios de violencia severa, como tomas armadas, 48.9% masacres (en sus lugares de residencia), 24% mencionó haber sido víctima de desplazamiento forzado (él - ella o alguien de su familia), 37% sufrió el asesinato de algún miembro de su familia, 22.2% mencionó que él o su familia fue víctima de amenazas y 60% afirmó tener familiares en algún grupo armado ilegal. Sobre el ejercicio del derecho a la educación, los hallazgos muestran cómo los grupos armados ilegales son los principales responsables de la vulneración del derecho a la educación si se tiene en cuenta que un tercio de la población atendida en el programa desertó de la escuela para ingresar a tales organizaciones. El segundo renglón de causas de deserción escolar lo ocupan las razones relacionadas con pobreza y falta de oportunidades; el tercer y cuarto renglón lo ocupan las razones propias del sistema escolar y las problemáticas de violencia o negligencia familiar respectivamente. La escolaridad media (4.05 grados) al ingreso al programa de ICBF y la edad promedio del reclutamiento al grupo armado (12,8 años), evidencian que la educación básica universal y obligatoria no estaba garantizada incluso antes del reclutamiento. En materia de restablecimiento del derecho a la educación se evidenció que existen desarrollos en el Programa que muestran los esfuerzos por garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la educación básica y media; hecho que significa una ganancia en la escolaridad de cerca de DOS grados desde el ingreso al programa. 

Entre los principales hallazgos sobre el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, se destaca que el 97% de los niños , niñas y adolescentes atendidos en el Programa del ICBF afirmó haber tenido relaciones sexuales. El 95,6% de ellos y ellas tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años. Preocupan en este sentido, de acuerdo con la investigación, los hallazgos que muestran cómo el 71,8% de la población tuvo su primera relación sexual entre los 5 y los 13 años de edad. Este hecho indica que conforme a lo establecido en el Código Penal (Ley 599 de 2000 ) , gran proporción de la población sujeto de estudio fue víctima de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Un 34,6% de las adolescentes mujeres afirmó haber estado en embarazo alguna vez, mientras un 26,4% de los adolescentes hombres afirmó que alguna de sus parejas estuvo alguna vez en embarazo. Se encontró, además, que de las mujeres que afirmaron saber cuántas veces habían estado en embarazo (38), 26 sostuvieron que el grupo armado fue el escenario en el que estuvieron alguna vez en tal estado. Cabe señalar, además, que el 31,2% de los embarazos no llegaron a término y la mayoría de estas pérdidas se presentó en el momento en que la población estudiada permaneció en la organización armada.

Entre los principales hallazgos sobre el derecho a la protección, se encontró que el 43,4% de la población señaló haber sentido miedo de que alguien le hiciera daño después de su desvinculación. Este temor en el 71% de los casos es generado por los integrantes del grupo armado del que salió, y en 12,3% el temor se atribuye al grupo contrario. 

Se anota que la autoridad judicial, civil y/o militar que constate la desvinculación de un niño, niña o adolescente, está en la obligación de entregarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un plazo que no exceda las 36 horas siguientes a su desvinculación o en el término de la distancia. Al respecto, el estudio encontró que sólo el 12,2% de la población manifestó haber llegado directamente al programa del ICBF y, adicional a ello, independientemente de la forma de desvinculación, las estaciones de Policía ( 32.6% )y los batallones militares (58.9) fue donde se llevaron inicialmente la gran mayoría de ellos y ellas. También se encontró que la mayoría del grupo de los menores de edad encuestados permanecieron en estas unidades más de las 36 horas reglamentadas.

En relación con el tratamiento dado en el marco del Programa del ICBF, el 85% de los niños, niñas y adolescentes, afirmó haber recibido un muy buen trato o un buen trato, el 14% un trato regular y tan sólo el 1% un mal trato por parte de los y las funcionarias del programa del ICBF. Asimismo, se encontró que el 59,6% no había recibido información acerca del estado de su proceso judicial, el 56% manifestó no tener conocimiento sobre la asignación de un juez para el seguimiento y trámite del mismo. El 64,5% afirmó no haber recibido información por parte del Defensor o Defensora de Familia respecto a su proceso de protección. En cuanto a la tenencia de documentos, el 23,8% de la población manifestó no tener el registro civil en el momento del estudio y casi la mitad de las y los entrevistados manifestaron no tener tarjeta de identidad. Con relación a este certificado del Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), se observó que el 43,2% de los niños, niñas y adolescentes desvinculados no lo posee; hecho que confirma que no se está cumpliendo con lo dispuesto por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas - CODA, en lo relativo al plazo máximo fijado para otorgarlo (20 días).