Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, adscritos a la Regional Santander, la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, realizaron una jornada de atención integral en la estación de Policía Centro de Bucaramanga, Santander, a 41 personas de la población migrante venezolana privadas de la libertad.

El equipo atendió la problemática relacionada tanto con los retrasos en la identidad de los extranjeros que se encuentran detenidos como con su traslado a los diferentes centros carcelarios y penitenciarios, situación que ha venido generando traumatismos en los procesos de judicialización.

Durante la jornada fueron remitidos varios de los casos a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a Migración Colombia, con el propósito de que sean adelantadas las gestiones pertinentes. Así mismo, fueron verificados los mínimos constitucionales asegurables para los internos, en atención a lo ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022, proferida por la Corte Constitucional.

Los profesionales de la Defensoría evidenciaron que la estación de Policía no está en las condiciones adecuadas para alojar a los reclusos; además, establecieron que existen serias fallas estructurales en los techos de las celdas, lo cual genera riesgos para el derecho a la vida e integridad física de los detenidos.

Igualmente, advirtieron sobre el pésimo estado de las baterías sanitarias y la falta de pintura de las celdas y de las salas para la realización de audiencias, lo que en cierta medida está vulnerando el derecho al acceso a la administración de justicia.

De igual forma, la entidad verificó que las celdas no cumplen los mínimos establecidos, ya que la capacidad es para 15 personas y hoy son albergados 176, situación que refleja un hacinamiento desbordado, lo cual está afectando el pleno goce de sus derechos.

La Defensoría de Pueblo se comprometió a continuar haciéndole seguimiento a la problemática, al tiempo que envío un documento a la Alcaldía de Bucaramanga, en el que la insta, también a las autoridades competentes, a implementar medidas efectivas que garanticen los derechos humanos de toda la población privada de la libertad.