La Defensoría hace notar que el derecho a la libre opción sexual es un derecho fundamental que hace parte de la esfera íntima de las personas y que debe ser protegido y respetado tanto por los particulares como por las autoridades públicas. La Constitución prohíbe expresamente la discriminación, y como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la orientación sexual es uno de los motivos de discriminación que deben ser erradicados y sancionados. Este deber de proscripción es aún mayor, se advierte, cuando tal violación se suscita en contra de menores de edad, quienes tienen derecho a una mayor protección de sus derechos, tal como lo ordena el artículo 44 de la Constitución Política.

La intolerancia demostrada por las directivas del colegio al no adoptar medidas oportunas para evitar las manifestaciones del alumnado contra el ingreso de las dos adolescentes,  es un síntoma preocupante de las diversas formas de discriminación que se presentan en el país, en este caso, contra las personas que manifiestan una orientación sexual diferente. Este delicado incidente, que ha sometido a dos adolescentes al maltrato verbal y a la amenaza de violencia física, alerta además a la ciudadanía y debe inquietar a las autoridades, pues se da en un recinto que debería estar educando a las niñas y adolescentes en los valores y principios propugnados por la Constitución Política, y preparándolas para ser ciudadanas que contribuyan con su ejemplo y su vida a la construcción de una sociedad inspirada en la tolerancia y la convivencia civilizada.

Con el objeto de erradicar comportamientos como los descritos, y con el propósito de dotar a las víctimas de discriminación de herramientas jurídicas eficaces para la garantía de sus derechos, la Defensoría del Pueblo elaboró, en asocio de organizaciones sociales, un proyecto de ley que fue presentado ante el Congreso de la República. La lucha contra la discriminación en todas sus formas debe ser un propósito fundamental de todas las autoridades públicas, pero también un compromiso de la sociedad, máxime en una sociedad que por causa de la intolerancia, entre otros factores, no ha podido superar la violencia que estamos viviendo.

En relación con la discriminación en los colegios, particularmente la que se concentra en la orientación sexual y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los y las alumnas, las evidencias e indicios de sanciones con base en los manuales de convivencia, llevó a la Defensoría del Pueblo a desarrollar una investigación de carácter nacional, con el concurso de Profamilia y Colombia Diversa, próxima a publicarse. El propósito de esta investigación es el de identificar las falencias que, en punto de la sanción del ejercicio de la sexualidad, se encuentran en los manuales y proponer recomendaciones para erradicar la intolerancia y la arbitrariedad del ámbito educativo, tal y como lo ordenan los tratados internacionales sobre derechos humanos a los cuales ha adherido el Estado colombiano.