El funcionario manifestó que aún más delicadas resultan las versiones respecto a la eventual participación de servidores públicos en este tipo de actividades, y señaló que por ello resulta urgente que los organismos de control actúen para investigar y esclarecer las responsabilidades individuales en esta materia.

Al indicar que no es la primera vez que se registran hechos de esta naturaleza, Otálora Gómez recordó que desde el 4 de febrero de este año ha expresado su preocupación frente a los ataques cibernéticos relacionados con el proceso de paz, y dijo que los 17 episodios recientemente denunciados en el caso de Humberto De La Calle demuestran la vulnerabilidad a la que está expuesta la información de los diálogos y el interés de algunos sectores por sabotearlo.

El Defensor del Pueblo sostuvo que es deber del Estado asegurar la confianza de las partes, pero particularmente de los colombianos que abrigan la esperanza de una salida negociada al conflicto armado interno, y agregó que por esa razón resulta indispensable que las autoridades adopten medidas eficaces para minimizar los riesgos de infiltración, proteger el proceso y garantizar el normal desarrollo de las negociaciones.