Al acercarse la etapa definitiva de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Mesa de La Habana tener en cuenta unos mínimos humanitarios que deben ser considerados en el marco de un posible proceso de desvinculación de menores de edad de ese grupo armado.

En el informe defensorial, Justicia Transicional: Voces y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes en la construcción de la paz en Colombia, el ente de control hace un llamado a evitar los errores del pasado en la desvinculación de menores de la guerra.

Recuerda la Defensoría que en el proceso de implementación de la Ley 975 de 2005, que permitió la desmovilización de miles de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los menores que se desvincularon de este grupo armado fueron tratados como victimarios; mientras que los reclutadores recibieron beneficios administrativos y penales, algunos adolescentes fueron vinculados a investigaciones en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

Considera la Entidad que esta situación impidió que los niños, niñas y adolescentes contaran con la protección a la que tenían derecho como víctimas en el marco del conflicto armado, generó ausencia de garantías en el reconocimiento de su interés superior y dificultó el acceso a toda la oferta institucional disponible.

En ese sentido, la Defensoría propone, principalmente, que se garantice “un tratamiento homogéneo y prioritario en condición de víctimas y no de victimarios a los niños, niñas y adolescentes (...) susceptibles de responder penalmente por las conductas que cometieron durante su participación en los grupos armados”.

La Defensoría pide, además, la creación de mecanismos idóneos y efectivos que contribuyan a disminuir los niveles de impunidad en los casos de violaciones a los derechos de los menores víctimas, de tal modo que los delitos que se cometieron en su contra tengan un tratamiento que garantice el acceso a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

De otro lado, el organismo que promueve los Derechos Humanos en Colombia, recomienda garantizar el acompañamiento psicosocial y la recuperación emocional de los niños y jóvenes, para procurar la reconstrucción de sus proyectos de vida.

 

 

Mínimos humanitarios

En cuanto a las bases que deben orientar la construcción de acuerdos para proteger y beneficiar a los menores de edad inmersos en el conflicto, la Defensoría del Pueblo le sugiere, puntualmente a las Farc, detener y prohibir cualquier acto de reclutamiento ilícito, uso y afectación a la integridad física, psicológica o emocional de toda persona menor de 18 años.

Cabe recordar que en febrero de 2015, esa guerrilla anunció su decisión de no reclutar "en adelante" menores de 17 años. Sin embargo, el pasado 10 de febrero esa guerrilla anunció que pondría fin a la incorporación de menores de 18 años "en aras de avanzar lo más rápidamente posible hacia el fin del conflicto armado", pese a lo cual han sido identificados casos particulares de aparente incumplimiento.

El órgano del Ministerio Público recomienda evitar cualquier forma de adoctrinamiento, recreación u otro tipo de actividades de carácter cívico - militar que involucre a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en instituciones educativas y escenarios lúdicos.

Finalmente, solicita a ese grupo armado evitar el ataque a bienes civiles, aun cuando se ubiquen cerca de objetivos militares legítimos en el marco del Derecho Internacional Humanitario, pues lo llamados efectos colaterales pueden afectar a la población civil, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría sugiere al Gobierno, en el marco de estos mínimos humanitarios, “eliminar toda forma de militarización de la vida civil en cumplimiento del principio de distinción, prohibiendo cualquier tipo de acción de contenido o carácter cívico- militar por parte de la Fuerza Pública” incluyendo las detenciones arbitrarias o denominadas ‘batidas’.

Adicionalmente, la Defensoría pide al Ejecutivo fortalecer la presencia de las autoridades civiles en zonas rurales y urbanas afectadas por razones del conflicto armado y la violencia, a fin de asegurar que las distintas acciones de asistencia y servicios sociales, así como la documentación de las situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes atribuibles a integrantes de la Fuerza Pública, deriven en la investigación, juzgamiento y sanción de los perpetradores de este tipo de actos, tanto en el ámbito penal como disciplinario sin dilación alguna.

La Defensoría del Pueblo ha hecho varios llamados a los miembros de la Mesa de la Habana para que exhorten a los representantes de las Farc a que cumplan el anuncio de suspender definitivamente el reclutamiento de menores de edad, para que no se presenten hechos como los registrados el 5 de noviembre de 2015 en la Serranía del Perijá y el 23 de noviembre de 2015 en el Vaupés.

 

 

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