Pese a los diferentes acuerdos de cese al fuego hechos por el gobierno de Gustavo Petro con grupos armados ilegales, los ataques de estos contra la población civil se mantienen, incluyendo amenazas, homicidios, reclutamiento forzado de niños y otras acciones.

De acuerdo con el sexto boletín de la Defensoría del Pueblo, que hace seguimiento a los tres ceses al fuego decretados por el gobierno el primero de enero, se registaron por lo menos 48 violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH entre el 19 de mayo y el 18 de junio pasados.

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