Pérez Ortiz reiteró que los centros de salud tienen la obligación de atender a todas las personas que requieran los servicios de urgencia sin que medie contrato, autorización previa, presentación de documento alguno o exigencia de pago y, menos aún, en el caso de menores de edad o población vulnerable.

Aclaró que el cierre de las instituciones de salud, anunciado por algunos medios de comunicación, no es solución. “La solución radica en la calidad y la oportunidad en la atención, en especial los servicios de urgencias, puerta de acceso para el reestablecimiento y conservación de la  vida”.

Finalmente, el Defensor hace un llamado a los padres de familia y demás adultos que tienen a su cuidado menores de edad, no dejar al alcance de niños y niñas medicamentos peligrosos, vencidos o prohibidos o que ya no presten ninguna funcionalidad ya que ponen en peligro la vida de de los pequeños, como ocurrió con Giselle Hasney.