Bogotá, octubre 17 de 2024 (DefensoriaCol). La pobreza, medida a través del indicador de pobreza monetaria, se ha reducido en los últimos años, al pasar de 39.7% en el año 2021 al 36.6 % en el año 2022, y finalmente al 33% en el 2023. Esta cifra indica que aproximadamente 3 millones de personas salieron de la pobreza entre el 2021 y el 2023.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza extrema en Colombia experimentó una disminución considerable, pasando del 13.7% en 2021 al 11.4% en 2023. Esta reducción representa un logro importante y se traduce en que más de un millón de colombianos dejaron atrás esta condición.

Asimismo, el indicador de pobreza multidimensional, muestra que en el año 2021 el porcentaje de población en esta condición fue del 16%, se redujo al 12.9% en el 2022 y posteriormente en el 2023, se ubicó en el 12.1%. Cerca de un millón ochocientas mil personas superaron las condiciones de pobreza multidimensional en el periodo. Estos avances muestran un dinamismo positivo no visto en las últimas décadas en el país.

Por este motivo, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la institucionalidad para el cumplimiento de los principios constitucionales y compromisos internacionales en materia de superación de la pobreza extrema, la erradicación del hambre y la promoción y garantía del derecho al desarrollo.

La pobreza alude a niveles de vida y se define como la situación de privación que lleva a los individuos pobres a vivir fuera de los estándares socialmente establecidos. La pobreza es exclusión derivada de la falta de los recursos requeridos para acceder a las condiciones materiales de existencia en una sociedad según su configuración histórica.

La Defensoría del Pueblo comparte los enfoques más recientes que dan cuenta de que la pobreza es un problema de derechos humanos. Es causa y consecuencia de violaciones a estos derechos fundamentales, y una condición que conduce a vulneraciones y denegaciones donde las personas que viven en pobreza y pobreza extrema se ven expuestas de manera permanente a ver socavada su dignidad.

Según datos de la Defensoría, la pobreza en Colombia afecta de manera desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades, en especial, a las madres cabeza de hogar y a las mujeres campesinas. Todos los índices de pobreza son mayores en los hogares con jefatura femenina, debido a que las mujeres se enfrentan a barreras para el acceso laboral formal, para la formalización de la propiedad, y para mejorar su nivel educativo. Esta afectación desproporcionada se conoce como feminización de la pobreza.

A pesar de los avances, se registran enormes brechas en sectores poblacionales específicos como la población indígena, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, y las víctimas del conflicto armado, quienes, en amplios sectores de la geografía nacional, no alcanzan a obtener los beneficios del desarrollo económico y social del país. De igual manera, hizo un especial llamado a avanzar en las reformas del sector educativo que permitan mejorar la accesibilidad y la calidad de los contenidos que se imparten, como elemento clave para romper los ciclos que perpetúan la pobreza.

Para la Defensoría del Pueblo es necesario cambiar la perspectiva de observación de la pobreza desde un enfoque económico, donde la evaluación se orienta a medir la privación de los individuos de una sociedad en la obtención de bienes y servicios, por un enfoque basado en los derechos humanos.

Asimismo, se compromete a mantener y mejorar los sistemas de medición de acceso y garantía a los derechos a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al trabajo, y en general de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) favoreciendo la construcción de análisis técnicos que permitan mejorar las políticas públicas que buscan superar las condiciones de marginalidad y de pobreza de amplios sectores poblacionales.

Finalmente, la institución nacional garante de los derechos humanos propone a la institucionalidad nacional y a la sociedad, retomar la discusión para la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas en el año 2008, que permita cerrar el vacío en la lucha por la defensa de los DESC, y constituya en paso fundamental para equiparar la exigibilidad de estos derechos frente a los derechos civiles y políticos.

Para ello, convoca a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, al Gobierno Nacional, a la Cancillería, y a las comisiones de Derechos Humanos de Senado y Cámara, a conformar mesas técnicas paralelas y complementarias que tengan como objetivo la ratificación del Protocolo Facultativo.

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza incentivamos a cambiar la perspectiva de la pobreza vista desde un enfoque económico, a una basada en la garantía de los derechos humanos. pic.twitter.com/9jGI19gHXo

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 17, 2024