Al mismo tiempo, el Defensor solicitó de los cuerpos de investigación del Estado “adelantar con la eficacia que se requiere, la investigación correspondiente para esclarecer estos hechos lamentables y evitar que queden en la impunidad”.

Al parecer, miembros del grupo armado ilegal “Los Rastrojos”, dispararon contra diez campesinos afrocolombianos ayer miércoles en la finca La Matraca, vereda de Paitó, corregimiento de Basurú, en el corregimiento de Itsmina (Chocó), según pudo confirmar la Defensoría del Pueblo de la Regional Chocó.

Los afectados habían sido contratados el pasado domingo 14 de octubre, en Quibdó, al parecer en forma engañosa para trabajar en minería en Itsmina, pero al llegar a Itsmina fueron puestos a laborar en actividades de siembra y recolección de cultivos ilícitos.

En la masacre murieron siete de los afrocolombianos: José Chalá, Guillermo Santos, Roque Bamboa, Damilson Palacios, un ingeniero NN, Heiler y su padre NN. Tres más, que parecían muertos (Juan Bautista Moya, Juan Rodríguez Córdoba y Erinson Chaverra Mosquera), quedaron malheridos y se encuentran internados en el hospital de San Francisco de Asís en Quibdó.

Informe de Riesgo

En Nota de seguimiento (007 del 7 de febrero de 2007) sobre el Informe de Riesgo No 024 del 30 de mayo de 2006, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo alertó sobre nuevos escenarios de riesgo en los municipios de Sipí, Medio San Juan e Istmina (Chocó) y le solicitó al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), “mantener la Alerta Temprana, y que reitere, a las autoridades del orden nacional, departamental y local, las recomendaciones formuladas por el SAT, especialmente las que tienen que ver con la adopción de medidas integrales efectivas para disuadir, alejar o mitigar el riesgo y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de la población civil”.

En la misma nota de seguimiento, el SAT hizo una serie de recomendaciones al Alto Comisionado para la paz, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Ministerio de Educación Nacional y a la Agencia Presidencial para la Acción Social.

La guerra tiene límites

Preocupa a la Defensoría y especialmente a los habitantes del Chocó, la bárbara acción cometida contra indefensos campesinos, lo que ha generado temor y angustia entre todos los habitantes de la zona.

El Defensor del Pueblo recordó que “la guerra tiene límites y es imperioso el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por parte de todos los actores del conflicto armado. Este tipo de acciones infringen en forma grave la normativa humanitaria (art. 3 Común y art. 13 del Protocolo II), por cuanto constituyen un ataque indiscriminado contra la población civil y selectivo contra personas protegidas”.

La Defensoría del Pueblo requiere de las autoridades del ramo, en especial de la Fuerza Pública, adoptar con carácter urgente las medidas, planes y programas que sean necesarios para prevenir estas acciones criminales y el posible desplazamiento de los familiares y amigos de las víctimas que permanecen atemorizados por los hechos violentos recientemente ocurridos.