El jueves 1 de marzo, en la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, explotó un carro bomba que dejó como resultado, de acuerdo con informes de la Defensoría Regional del Departamento, ocho personas heridas, una de ellas de gravedad. Al parecer el atentado iba dirigido contra la alcaldesa de dicha ciudad, Cielo González.

El Defensor del Pueblo enfatizó que ninguna ideología, finalidad política o motivo, cualquiera que éste sea, y provenga de donde provenga, justifica estos atentados contra el derecho a la vida e integridad personal de civiles inermes e inocentes ajenos a la dinámica de la confrontación armada.

Pérez Ortiz hizo un vehemente llamado a las autoridades para que investiguen de manera coordinada y eficaz las circunstancias en que se produjeron estos hechos de violencia y se establezca las responsabilidades a que haya lugar.

Por otro lado, teniendo en cuenta que este año se llevarán a cabo las elecciones para la escogencia de los mandatarios locales, el Defensor del Pueblo instó a las autoridades locales a que implementen medidas dirigidas a proteger a los candidatos a esas corporaciones, al tiempo que reclamó de los grupos armados ilegales, respetar la voluntad de los ciudadanos en las urnas y permitir la libre expresión de las distintas alternativas políticas.

El Defensor del Pueblo, de igual manera, condenó los hechos ocurridos el viernes 2 de marzo en la ciudad de Buenaventura en donde explotó un petardo que causó la muerte de una ciudadana identificada como Janeth Elvira Casanova, heridas a tres personas más y daños a varias casas de habitación.

De acuerdo con lo manifestado por las autoridades departamentales, el hecho afectó la escuela San Francisco de Asís, del mismo barrio, habitado por gente humilde, quienes terminan sufriendo las consecuencias directas de este tipo de atentados indiscriminados contra la población civil, enfatizó Pérez Ortiz. 

El Defensor del Pueblo recordó que, a través del Sistema de Alertas Tempranas –SAT-, de la Defensoría del Pueblo, se han presentado informes de riesgo sobre las manifestaciones de violencia en el puerto de Buenaventura que se ha reflejado en la comisión de conductas como ataques indiscriminados, masacres, atentados terroristas y el desplazamiento forzado de personas, entre otros, que afectan de manera directa a la población civil. Esta situación obliga a diseñar y poner en ejecución un plan de contingencia que proteja de manera eficaz a la población de este importante puerto colombiano.