Durante las primeras horas del día se reunió con líderes de las mesas departamental y municipal de víctimas, y junto con ellos advirtió que, dada la gravedad de las diversas problemáticas sociales, es urgente que el Gobierno Nacional designe un ‘gerente de alto nivel’ para el Pacífico, que pueda coordinar con las autoridades de la región una intervención coordinada a fin de mejorar las difíciles condiciones sociales, económicas y de orden público.

“Buenaventura y Chocó siempre han tenido situaciones difíciles y han estado en la agenda nacional, por eso le hemos planteado al Presidente de la República, en todas nuestras intervenciones, que la Costa Pacífica requiere de un gerente, de una persona que se dedique exclusivamente a buscar el desarrollo de la región, quien tenga acceso directo al Presidente, a los ministros y a todas las instituciones del Estado", resaltó Otálora Gómez. "Si se pone a una persona con buenas intenciones, pero los ministros no le pasan al teléfono o el gobernador y el Presidente nunca lo atiende, no pasa de buenas intenciones”, agregó. (Escuche las declaraciones del Defensor del Pueblo)

Durante la visita del Defensor del Pueblo, que se extenderá hasta el próximo viernes, el equipo directivo hará presencia en algunas zonas rurales donde el impacto de la violencia, la minería ilegal, las barreras de acceso a los servicios fundamentales y otros factores han venido afectando de manera seria a las comunidades étnicas asentadas en dicho territorio, al tiempo que convocará a funcionarios del orden nacional para que en el transcurso de la semana observen de primera mano la problemática de la región y adopten las medidas para mitigar las necesidades de los chocoanos. 

En su primer encuentro con las víctimas, el Defensor del Pueblo insistió en su preocupación para que las demandas de esta población vulnerable sean atendidas por el Estado, y en ese orden de ideas reiteró su voluntad y decisión para promover la participación efectiva de las víctimas en el proceso de paz, a través de una representación amplia y suficiente de tal manera que recoja las inquietudes de todas las víctimas, incluidas las comunidades indígenas y afrodescendientes azotadas por el conflicto en el Chocó.

A propósito del tema, voceros de las víctimas indicaron que unas 330.000 personas han sufrido las consecuencias de la confrontación entre actores armados y han visto vulnerados sus derechos por múltiples variables asociadas a ella, siendo 45.000 las personas que todavía no han sido inscritas en el Registro Único Nacional, conforme a lo expresado por las mismas víctimas.

La agenda del defensor Otálora Gómez continuará en la tarde de este lunes para escuchar a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y de los consejos comunitarios.