El funcionario manifestó que al igual que el Gobierno Nacional, respeta el derecho, pero ve con preocupación la suerte de los pobladores que derivan su sustento de la pesca artesanal y demás actividades realizadas en la jurisdicción, que según la decisión del Tribunal Internacional de Justicia ya no hace parte de la geografía nacional. 

Otálora Gómez dijo que, no obstante los alcances de dicho fallo, respaldará los mecanismos o acciones que emprenda el Gobierno para defender los derechos de los colombianos, particularmente de los sanandresanos.

El Defensor del Pueblo ofreció sus buenos oficios y los de la entidad para proteger los derechos de los isleños y los de la población raizal, y se mostró dispuesto tanto a servir de puente para explorar alternativas de desarrollo en la región, como a trabajar por la defensa de los derechos humanos de los afectados, tal y como se lo ordena la Constitución Nacional.

Por último, Otálora Gómez hizo un llamado a la prudencia, a la ponderación y a la búsqueda de soluciones en el marco del derecho internacional, a fin de superar las discrepancias y dificultades que pudieran surgir por cuenta del fallo que la Corte Internacional de Justicia emitió entorno al diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua.