La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, intervino en la Audiencia Pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Brasilia, Brasil, en el marco de la solicitud de opinión consultiva presentada por Guatemala sobre la democracia y su protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En su intervención, la Defensora formuló un llamado contundente: "la democracia debe ser reconocida como un derecho humano autónomo", con contenido propio y obligaciones estatales claras derivadas de él. Su mensaje se articuló en tres ejes: la democracia como derecho humano, el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y los estándares adicionales que deben consolidarse en la región.

La democracia como derecho humano

Para la Defensoría del Pueblo de Colombia, el reconocimiento de la democracia como derecho humano tiene una relevancia práctica directa para las personas del continente. Marín Ortiz señaló que este reconocimiento es especialmente significativo para Colombia, "en donde la apuesta por la democracia es el antídoto a décadas de violencia política armada".

La Defensora subrayó el vínculo inescindible entre democracia y derechos humanos: "simplemente, estos no pueden ser garantizados en un régimen de distinta naturaleza". En ese sentido, planteó que la pregunta central no debe ser si la democracia es o no un derecho, "sino cuál es su contenido y las obligaciones que de él se derivan".

Frente al debate sobre si reconocer la democracia como derecho limita la configuración institucional de los estados, la Defensora respondió afirmativamente, aunque aclaró que no en niveles de detalle que desconozcan la libertad de cada país. Advirtió que negar su carácter de derecho humano "abriría la puerta a diseños institucionales contrarios a estos principios" y "daría legitimidad a reformas antidemocráticas bajo la falsa premisa de que los derechos humanos pueden garantizarse al margen de la democracia".

El rol de las INDH y su autonomía en riesgo

En representación de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), integrada por 17 INDH de las Américas, la Defensora advirtió que "13 de las 17 INDH de la RINDHCA reportaron disminuciones o falta de incremento en sus presupuestos durante los últimos cinco años", y que algunas de estas reducciones podrían responder a represalias por la labor que cumplen.

Marín Ortiz también denunció que varias defensorías han enfrentado persecuciones por el ejercicio de sus funciones, incluida ella misma: "yo misma he sido denunciada penalmente en dos ocasiones por efectuar pronunciamientos respecto a decisiones estatales". Enfatizó que "la autonomía no es un privilegio institucional, es una garantía para las personas, para la ciudadanía, pues asegura la existencia de un actor estatal idóneo y capaz de velar por el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos".

Por ello, en nombre de la RINDHCA solicitó a la Corte incorporar dentro de las obligaciones derivadas de la promoción de la democracia la protección de la independencia y autonomía de las INDH en sus dimensiones jurídica, funcional, administrativa y financiera, así como fueros o garantías procesales que permitan el ejercicio de sus mandatos sin temor a persecuciones judiciales.

Paridad, inclusión y calidad del debate democrático

Como tercer eje, la Defensora señaló que de la cláusula sobre acceso al poder y régimen plural de partidos y organizaciones políticas se desprende la necesidad de garantizar una democracia participativa "en donde encuentren voz y voto las poblaciones históricamente excluidas del poder público": mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos e indígenas, campesinado, personas mayores, niñas, niños, adolescentes y juventudes.

Sobre la paridad de género, Marín Ortiz señaló que las leyes de cuota son insuficientes y lo ilustró con su propio caso: "en Colombia, a pesar de que hay una ley de cuotas desde el año 2000, soy la primera mujer en ejercer el cargo de defensora del pueblo desde su creación en 1991". Instó a la Corte a precisar que "una democracia sin paridad frustra la promesa implícita en la idea democrática de alcanzar el gobierno para todos y todas".

Finalmente, llamó a definir medidas que aseguren la calidad del debate electoral y prevengan violaciones a los derechos humanos en contextos de alta polarización o violencia armada, ante el uso creciente de acusaciones penales infundadas, discursos de odio y desinformación en redes sociales como formas de degradar la deliberación pública.