La Defensora del Pueblo, Iris Marín, se reunió con representantes de embajadas y organismos internacionales para fortalecer el diálogo y la articulación en asuntos como la construcción de paz, la protección de los derechos humanos y las garantías para las comunidades en los territorios.

Sumar esfuerzos entre la institucionalidad y la comunidad internacional es clave para fortalecer la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, a diez años de su firma.

Decisiones impostergables para el nuevo gobierno

Durante el encuentro, la Defensora recordó que, desde la campaña presidencial, la entidad dio a conocer a las candidaturas el documento de decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno.

"Desde la campaña presidencial dimos a conocer a las candidaturas el documento de Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno. Hoy, con presidente electo, continuamos en esta tarea de incidencia", indicó la Defensora del Pueblo.

Entre las decisiones impostergables en materia de paz, víctimas y conflicto se encuentran:

• El cumplimiento constitucional del Acuerdo de Paz.
• Pasar de la reacción a la prevención.
• Poner a las víctimas en el centro: garantizar sus derechos y fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
• Salir del dilema entre paz y seguridad.

Sobre este último punto, la Defensora señaló que paz y seguridad "son dos caras de una misma moneda que se refuerzan mutuamente para consolidar el Estado social de derecho".

Una conversación estratégica sobre los avances y los retos

El encuentro con embajadas y organismos internacionales propició una conversación estratégica para abordar los avances, los retos y las oportunidades para la construcción de paz en Colombia, así como para identificar estrategias colaborativas de incidencia en su implementación efectiva.

El llamado a políticas articuladas en los territorios

Para la Defensoría del Pueblo, es necesario desarrollar políticas articuladas de paz, seguridad, justicia y desarrollo territorial que atiendan las desigualdades estructurales y aseguren la vigencia del Estado social de derecho en los territorios históricamente excluidos.