• Ante los recientes hechos que alteraron la tranquilidad en la capital boyacense, la entidad estuvo en terreno acompañando a la comunidad y promoviendo acciones articuladas para garantizar que la seguridad se base en el respeto a los derechos humanos.

 

La Defensoría del Pueblo participó el pasado lunes en el Consejo de Seguridad y Convivencia convocado en Tunja, con la presencia de autoridades civiles, militares y policiales, para fortalecer las acciones de orden público y coordinar estrategias que garanticen la tranquilidad en la capital boyacense y en todo el departamento. La reunión se llevó a cabo luego del hallazgo, el pasado sábado 8 de noviembre, de una volqueta cargada con explosivos en el barrio Prados de Alcalá, cerca del Batallón Simón Bolívar.

En cumplimiento de su mandato constitucional de proteger los derechos humanos en el país, la Defensoría del Pueblo desplegó un equipo de servidoras y servidores en la capital boyacense para acompañar a las personas afectadas por el hecho. Cinco personas resultaron heridas, todas atendidas y dadas de alta el mismo día.

La Defensoría advirtió que este hecho confirma las alertas tempranas No. 019 de 2023 y No. 013 de 2025, que advertían sobre riesgos de hechos violentos en esta zona del país. Por ello, la Entidad insistió en la necesidad de que las medidas adoptadas por las autoridades no se limiten al componente militar, sino que se complementen con acciones integrales de prevención, presencia institucional y atención oportuna a las comunidades en riesgo.

Durante el Consejo de Seguridad se acordaron medidas como la destinación de recompensas, el fortalecimiento del pie de fuerza y la ampliación de la infraestructura tecnológica de vigilancia en el corredor Tunja–Paipa–Duitama–Sogamoso. La Defensoría destacó estos avances, pero reiteró que la seguridad debe basarse también en la protección de los derechos fundamentales y en el fortalecimiento del tejido social.

La Entidad expresó especial preocupación por la situación en las provincias de Valderrama, La Libertad y Gutiérrez, donde persiste la presencia del ELN y de estructuras disidentes de las extintas FARC. En estos territorios, subrayó, el Estado debe mantener una respuesta decidida y sostenida que combine acciones de seguridad con estrategias sociales que garanticen el goce efectivo de derechos, la protección de lideresas y líderes sociales, y la prevención del desplazamiento forzado, las amenazas y la extorsión.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a que las conclusiones del Consejo se traduzcan en resultados concretos para la población civil y reiteró la importancia de acoger con diligencia el nuevo proyecto de alerta temprana que será entregado este mes, herramienta clave para anticipar riesgos y evitar nuevos hechos que alteren la paz en Boyacá.

Finalmente, la Entidad recordó el principio de proporcionalidad del derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques contra objetivos militares cuando estos puedan causar pérdidas o daños excesivos a la población civil o a bienes de carácter civil.

En su cuenta oficial en X, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó el pasado sábado:

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