La Defensoría del Pueblo lideró una intervención institucional en la cuenca del río Atrato, abarcando un total de nueve municipios de los departamentos de Chocó y Antioquia. Durante las jornadas, realizadas a lo largo de una semana, la entidad atendió 2.626 víctimas del conflicto armado.

Esta acción tuvo como propósito atender a las comunidades que a diario se enfrentan a barreras geográficas y costos de transporte fluvial que no pueden asumir para trasladarse hacia las ciudades principales y ser atendidas en las sedes administrativas de entidades estatales. 

La entidad recepcionó 183 declaraciones juramentadas orientadas al reconocimiento formal en el Registro Único de Víctimas (RUV). Paralelamente, remitió 53 expedientes específicos a la Unidad para las Víctimas (Uariv) para que sean evaluadas posibles situaciones de extemporaneidad en la presentación de solicitudes sobre reparación integral, conforme a los términos legales vigentes.

La gestión de trámites administrativos constituyó el mayor volumen de la operación, consolidando 1.100 requerimientos procesados. Estas solicitudes se concentraron en la oferta de atención humanitaria, el seguimiento a los planes de reparación integral y la actualización de datos en el sistema de beneficiarios. La Uariv acompañó el proceso con la revisión técnica del estado de las indemnizaciones económicas de la población local.

En estas jornadas, que fueron hechas en los municipios de Bojayá, Acandí, Murindó, Carmen del Darién, Belén de Bajirá, Medio Atrato, Vigía del Fuerte, Riosucio y Unguía, se recepcionaron quejas y solicitudes, optimizando los tiempos de respuesta institucionales.

 

Sobre el componente de representación legal, la Defensoría del Pueblo radicó siete derechos de petición y siete acciones de tutela. Adicionalmente, interpuso cinco acciones judiciales para salvaguardar el derecho al registro civil de la población, empleando recursos administrativos y solicitudes de revocatoria directa ante las autoridades competentes.

El enfoque de la jornada incluyó un componente de formación técnica a través de la realización de dos jornadas de capacitación dirigidas a las y los asistentes víctimas. Estos talleres se centraron en la transferencia de conocimientos sobre las rutas de acceso a los derechos legalmente constituidos y los mecanismos de veeduría sobre las obligaciones del Estado.

Las actividades aplicaron los criterios de enfoque diferencial étnico bajo el marco normativo de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. Para garantizar la precisión técnica de los procedimientos y asegurar el acceso real de las comunidades indígenas, la entidad dispuso de intérpretes de la lengua emberá, quienes mediaron en la toma de declaraciones y el diligenciamiento de formularios.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo consolidó la base de datos de los censos comunitarios de los municipios del Medio Atrato y Carmen del Darién, registrando un censo aproximado de 11.400 personas. Esta información sociodemográfica será trasladada formalmente a la Uariv para su respectivo cruce de datos, verificación técnica y posterior actualización en el sistema nacional del RUV.

Atendiendo a su deber misional, la Defensoría les hará seguimiento a los requerimientos radicados ante las distintas autoridades competentes, y el monitoreo a los tiempos de respuesta de la Uariv y los jueces de tutela, con la finalidad de que sean resarcidos los derechos fundamentales de las víctimas atendidas.