En una reciente misión de verificación humanitaria, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, junto con delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y una representante de la Sala Especial de Seguimiento de Desplazados de la Corte Constitucional, constató el profundo deterioro de la situación de derechos humanos que padecen las comunidades del Bajo Calima, en el distrito de Buenaventura.

Durante dos días de trabajo en terreno, evidenció el grave impacto de la persistente confrontación armada entre el ELN y el Clan del Golfo, este último en alianza con el Frente Jaime Martínez de las disidencias de Mordisco, sobre la vida, la integridad y la dignidad de más de 4.000 personas.

La población afectada, mayoritariamente integrada por miembros del Consejo Comunitario del Bajo Calima y el pueblo Wounaan del Resguardo Santa Rosa de Guayacán, había retornado a sus territorios en diciembre de 2023 y junio de 2024, tras un prolongado desplazamiento forzado hacia el casco urbano de Buenaventura y la ciudad de Cali.

La persistente y violenta disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, este último actuando en alianza con el Frente Jaime Martínez de las disidencias de Mordisco, ha sumido a la región en una profunda crisis humanitaria.

La Defensoría ha documentado un panorama desolador que incluye 40 confinamientos masivos en lo que va del año, nuevos desplazamientos forzados – como el reciente éxodo de 46 familias de la comunidad de Esperanza durante la Semana Santa –, homicidios selectivos, la siembra indiscriminada de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, el cruel reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, desapariciones y violencia sexual. Una situación que, lamentablemente, ya había sido advertida en la Alerta Temprana 039 de 2023.

“Líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos ejercen su labor en medio de amenazas, estigmatización y una escasa presencia institucional”, advirtió la Defensora del Pueblo.  “Las comunidades piden garantías para su retorno digno y seguro, no quieren volver a desplazarse”, agregó.  

 

Ataque en Tibú agrava situación humanitaria en el Catatumbo

Mientras la atención se centraba en la crítica situación del Bajo Calima, la Defensora del Pueblo también se refirió con profunda consternación al ataque perpetrado en la noche del jueves 15 de mayo en la vereda 20 de Julio del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo. Artefactos explosivos lanzados desde un dron segaron la vida de un niño de tan solo 12 años y dejaron heridas a su madre, a cinco menores y a tres adultos.

La reacción del Frente 33, señalado como responsable del ataque, ha generado indignación y rechazo. Si bien lamentaron el hecho, instaron a las comunidades a no utilizar sus viviendas como "escudo seguro" de ningún actor armado. Para la Defensora Marín, esta declaración evidencia una inaceptable justificación de sus acciones, equiparable a la postura que históricamente ha mantenido el ELN al desconocer sistemáticamente el Derecho Internacional Humanitario y el principio fundamental de distinción entre combatientes y civiles.

“Esto es inaceptable y extremadamente doloroso. ¿El Frente 33 de las disidencias está en camino a la paz y el desarme o está escalando la guerra contra el ELN tomando represalias contra la población civil?”, cuestionó con vehemencia la Defensora del Pueblo, dejando en evidencia su profunda preocupación por la deriva de un grupo armado que, lejos de avanzar hacia la reconciliación, parece intensificar su violencia contra la población más vulnerable.}

Vea el pronunciamiento de la Defensora del Pueblo sobre la situación en el Bajo Calima (Buenaventura) y los ataques con drones en el Catatumbo