Bogotá, 3 de marzo de 2026 (@Defensoriacol). Ante la alarmante desaparición de seis jóvenes en el municipio de San Sebastián de Mariquita, el pasado mes de enero, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades locales y departamentales que, sin más dilaciones, activen todos los mecanismos disponibles para dar con su paradero. Este hecho representa un riesgo inminente para su vida e integridad y requiere una respuesta estatal que supere la demora en los procedimientos ordinarios para centrarse en una búsqueda efectiva e inmediata.

Los cinco jóvenes y la joven desaparecidos, con edades entre los 18 y 21 años, han sido identificados como David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz. La incertidumbre que padecen sus familias es absoluta. Por ello, reclamamos que se activen de inmediato los deberes reforzados de protección que el Estado debe garantizar cuando la libertad personal se ve vulnerada en escenarios de alta peligrosidad.

Este grave hecho se enmarca en un contexto de violencia previamente advertido mediante la Alerta Temprana 002-23, en la cual se identifica una cruenta disputa territorial entre bandas de crimen organizado que buscan controlar las rentas del microtráfico en un corredor estratégico que conecta al Tolima con el oriente de Caldas, Antioquia y el Magdalena Medio. En esta zona operan estructuras con presuntos vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y la juventud —incluidas las mujeres jóvenes— se ha convertido en el blanco principal de los grupos que pretenden reclutar o someter a la población civil.

Entre las medidas solicitadas, la Defensoría instó a la Alcaldía de Mariquita a liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU), de manera que todas las instituciones —desde la Fiscalía hasta la Comisaría de Familia— actúen de manera coordinada y con decisiones verificables. A su vez, se pidió a la Gobernación del Tolima que garantice el apoyo logístico y tecnológico que la búsqueda requiere, dado que el paso de las horas es crítico en casos de desaparición múltiple. Las familias, mientras esperan noticias en medio del temor a las represalias, necesitan urgentemente una ruta de atención psicosocial que mitigue el impacto emocional de esta tragedia.

El requerimiento se extiende también a la Fiscalía General de la Nación para que impulse el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y analice de manera exhaustiva cada cámara de seguridad y registro digital que permita reconstruir los últimos movimientos de las personas desaparecidas. La Policía Departamental, por su parte, debe desplegar patrullajes focalizados tanto en áreas urbanas como rurales, sin sesgos que desvíen las hipótesis investigativas del entorno de violencia criminal previamente advertido.

La Defensoría del Pueblo hará seguimiento permanente a las acciones de búsqueda.