Ibagué, Tolima, 21 de marzo de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo advierte sobre la grave situación humanitaria que enfrentan 39 personas de la comunidad indígena Irakal Zona #2 del pueblo Emberá Katío, quienes permanecen en condiciones de extrema vulnerabilidad en la ciudad de Ibagué, en un escenario que refleja riesgos de discriminación estructural y exclusión histórica contra los pueblos indígenas.

Actualmente, 13 familias —entre ellas 23 niñas y niños, tres mujeres gestantes y una persona adulta mayor— subsisten bajo plásticos frente al Centro Administrativo Municipal (CAM) La Pola, expuestas al frío, las lluvias y a condiciones indignas que resultan inadmisibles en un Estado social de derecho.

Esta comunidad, desplazada forzosamente desde Bagadó (Chocó), permanece en situación de calle desde el 17 de diciembre de 2025, tras la suspensión de un proceso de retorno que no se concretó. La prolongación de esta crisis evidencia no solo fallas institucionales, sino también la persistencia de dinámicas que reproducen abandono y discriminación hacia los pueblos étnicos.

Desde julio de 2025, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Ibagué ordenó el amparo de los derechos a la vida digna, la salud y la diversidad étnica de esta comunidad, en el marco de una acción de tutela interpuesta por la Regional Tolima de la Defensoría. Si bien en diciembre de 2025 se logró el retorno de 17 familias bajo responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué, las 13 restantes permanecen en un limbo institucional bajo la competencia de la Unidad para las Víctimas.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la Unidad para las Víctimas (UARIV) para que gestione, sin más dilaciones, el traslado inmediato de estas familias a sus territorios ancestrales en el Alto Andágueda, garantizando un retorno digno, voluntario y seguro, en cumplimiento de las decisiones judiciales vigentes y bajo un enfoque diferencial étnico.

De igual manera, la Defensoría insta a la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad para las Víctimas a coordinar de manera inmediata acciones efectivas para atender la emergencia, incluyendo:

• Garantía de mínimos vitales: suministro continuo de alimentación adecuada, agua potable y alojamiento digno, concertado con la comunidad y respetuoso de su identidad cultural.
• Atención humanitaria urgente: entrega suficiente de insumos de aseo y kits de primera infancia, incluyendo pañales para niñas y niños menores de cuatro años.
• Salud: acceso inmediato, oportuno y sin barreras a servicios médicos y medicamentos.
• Protección cultural: respeto pleno a la autonomía del pueblo Emberá Katío y acompañamiento permanente a sus autoridades tradicionales, reconociendo su gobierno propio.

La Defensoría del Pueblo reitera que ninguna persona ni comunidad puede ser forzada a vivir en la calle como consecuencia de su origen étnico, su condición de desplazamiento o la inacción institucional. La superación de esta crisis exige respuestas inmediatas, coordinadas y eficaces que garanticen igualdad real, dignidad y no discriminación.

Esta entidad mantendrá un seguimiento permanente para asegurar que la atención sea concertada con la comunidad y que el retorno a Chocó se realice con todas las garantías de seguridad, dignidad y sostenibilidad que el Estado colombiano está obligado a proveer.