• El incremento de la violencia, la presencia de grupos armados ha agudizado los riesgos para comunidades en varios municipios de la región.
• También se evidencian problemas en el sistema de salud, los servicios públicos, la educación y otros factores que vulneran los derechos de las comunidades.
• Complejo Cenagoso de Cascaloa enfrenta una crisis ambiental estructural que requiere de acciones urgentes y coordinadas de las instituciones.

Magangué (Bolívar) 27 de marzo de 2025. (@DefensoriaCol). Durante su visita al sur de Bolívar, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo un encuentro con líderes y lideresas sociales, organizaciones de pescadores, campesinos, campesinas y autoridades territoriales, en la que pudo conocer de primera mano el complejo panorama de vulneraciones a los derechos humanos que enfrenta la subregión y reiteró el llamado urgente a las instituciones para adoptar medidas inmediatas y efectivas.

La Defensora del Pueblo sostuvo un encuentro con líderes y lideresas del Complejo Cenagoso de Cascaloa, e hizo seguimiento a la Sentencia T-163 de la Corte Constitucional, relacionada con la protección ambiental, del agua y de las comunidades de pescadores artesanales de la zona. En su recorrido por la ciénaga, evidenció graves afectaciones como la disminución en un 90% de la actividad pesquera, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes; además de otros deterioros del ecosistema que han perjudicado, de forma directa o indirecta, a las 12 comunidades (alrededor de 26.000 personas) que cobijan el complejo cenagoso de Cascajal.

“La Defensoría del Pueblo debe hacer un seguimiento del cumplimiento de la Sentencia T-163 de 2024 y es evidente que aún queda mucho trabajo por realizar. Hay una brecha crítica entre la planeación institucional y la ejecución real: las comunidades siguen enfrentando las afectaciones mientras las soluciones permanecen en fase de diseño”, aseguró la Defensora.

En la tarde, en diálogo con lideresas y líderes representantes de nueve municipios del Sur de Bolívar, se analizó la situación de seguridad y derechos humanos en la región, y se escucharon las voces de quienes en el territorio trabajan por la defensa de las comunidades.

En este espacio, líderes expusieron problemáticas que ya han sido identificadas por la Defensoría del Pueblo y frente a las cuales las Defensorías Regionales del sur de Bolívar y Magdalena Medio han realizado seguimiento permanente, tales como la persistencia de riesgos para el ejercicio del liderazgo social y las difíciles condiciones de vida que enfrentan las comunidades en la zona.

En materia de seguridad, la entidad alertó sobre el aumento de homicidios, con al menos 40 casos registrados durante 2025 y 18 más en lo corrido de 2026. A esto se suman amenazas contra liderazgos sociales, extorsiones (con registros de hasta 12 y 15 llamadas diarias a comerciantes), restricciones a la movilidad, imposición de normas por actores armados y procesos de cooptación comunitaria que han llevado a la renuncia de líderes y lideresas, debilitando el tejido social.

En los municipios de San Martín, El Peñón, Barranco de Loba, Altos del Rosario, Tiquisio y San Jacinto del Cauca, donde el actor armado ilegal hegemónico es el Clan del Golfo (autodenominado EGC), preocupa a la Defensoría del Pueblo los recientes indicios de presencia intermitente del ELN, lo que aumenta el riesgo de estas comunidades por eventuales enfrentamientos y confrontaciones entre ambas estructuras armadas ilegales.

Además, se evidenciaron problemáticas en cuanto a servicios públicos. De acuerdo con registros de la Defensoría más de 60.000 personas en municipios como Tiquisio, Barranco de Loba, Altos del Rosario y El Peñón se ven afectadas por constantes fallas en el servicio de energía eléctrica, con interrupciones de hasta seis horas diarias, lo que impacta derechos fundamentales como la salud, la educación y la vida digna.

También se trataron afectaciones complejas en educación, debido a deficiencias en infraestructura en varios municipios, así como un déficit de docentes y limitaciones en el acceso a educación superior, lo que restringe las oportunidades para jóvenes de la región.

En reunión con las autoridades municipales y regionales, la Defensora hizo un llamado a la articulación y el trabajo conjunto entre las entidades para que la presencia del Estado se fortalezca y pueda dar una respuesta más efectiva a las distintas situaciones de riesgo evidenciadas en las alertas tempranas (019 de 2023, 003 de 2024 y 013 de 2025 activas para el sur de Bolívar y 027 de 2022, 019, 030, 034 de 2023, 021 de 2024, 013 de 2025 y 003 de 2026 del Magdalena Medio) emitidas por la Defensoría y las sesiones de los diferentes escenarios de coordinación.

En este espacio se alertó sobre la preocupación que existe actualmente, de cara a las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal, donde se identifica un bajo interés por hacer parte del proceso, debido al incremento de los riesgos y a la falta de garantías para ejercer el derecho a ser elegido.

Además, se evidenció que la situación en salud también es crítica. La subregión enfrenta barreras de acceso por su alta ruralidad, congestión en hospitales que atienden población de más de 30 municipios y deudas de las EPS superiores a los 100.000 millones de pesos. Entre 2023 y 2025 se registraron más de 6.316 quejas por fallas en la prestación del servicio, principalmente por falta de medicamentos, demoras en autorizaciones y dificultades en traslados.

De igual forma, la Defensora instó al alcalde de Magangué a buscar soluciones para la crisis carcelaria en centros de detención transitoria, donde el hacinamiento alcanza hasta el 400%, como en la Estación de Policía La Esmeralda en Magangué, con 66 personas en un espacio diseñado para 12, en condiciones que vulneran la dignidad humana y sin enfoque diferencial de género.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer la presencia institucional, garantizar la protección de líderes sociales, mejorar la prestación de servicios básicos, avanzar en soluciones estructurales frente a la crisis ambiental, social y de seguridad, y adoptar medidas integrales que permitan proteger los derechos fundamentales de las comunidades del sur de Bolívar y evitar la consolidación de escenarios de control armado en el territorio.

“Los riesgos paras las comunidades no son solamente en seguridad, también en garantía de derechos: persisten barreras en salud, educación, atención a víctimas, servicios públicos, entre otros, lo que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades; todo esto exige una respuesta institucional oportuna, articulada y con enfoque territorial”, concluyó la Defensora del Pueblo.