• En el país hay más de 3,1 millones de colombianas y colombianos que viven con alguna discapacidad, y aunque hay un marco legal sólido, persisten brechas en empleo, accesibilidad y participación.
• También hay brechas en acceso a salud y servicios de apoyo, en particular en zonas rurales, y hacen falta ajustes de accesibilidad en transporte, educación y justicia.
• Superarlas exige transformar los entornos y las estructuras que han normalizado la exclusión de esta población.

• El núcleo central del ejercicio de derechos es su reconocimiento como sujetos de derechos, y es deber del Estado proveerles las condiciones para que los ejerzan plenamente y sin discriminación.

Hoy, 3 de diciembre, en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo les hace un llamado a las entidades estatales y la sociedad en su conjunto a promover la comprensión sobre la discapacidad, impulsar la inclusión y visibilizar los aportes de las personas con discapacidad (PcD) en la vida social, política, económica y cultural del país.

Asimismo, deja claro que la discapacidad no debe entenderse como una condición individual, sino como un eje colectivo. Superar las barreras a las que se enfrentan exige transformar los entornos, transformar las estructuras que han normalizado la exclusión de este grupo poblacional y garantizarles el ejercicio de derechos, sobre todo porque el país registra, como volumen estimado, 3.134.037 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias (7,1% de la población), según el Censo Nacional del 2018.

El núcleo central del ejercicio de derechos, recalca la Defensoría, es el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, y es deber del Estado proveerles las condiciones necesarias para que los puedan ejercer de manera plena y sin discriminación.

Los departamentos con mayor número registrado de personas con discapacidad son Nariño, Cauca y Putumayo. No obstante, persisten diferencias significativas que se extienden al territorio colombiano frente a la población sin discapacidad en participación laboral, ocupación e ingresos.

Qué es discapacidad y su marco legal en Colombia

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, las cuales evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas.

 

Colombia cuenta con un marco amplio que garantiza derechos y promueve inclusión:

• Ley 1145 de 2007: Organización del Sistema Nacional de Discapacidad.
• Ley Estatutaria 1618 de 2013: Garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
• Ley 1996 de 2019: Reconoce la capacidad legal plena de las PcD y establece apoyos para el ejercicio de esa capacidad. Esta ley elimina la figura de interdicción (le retiraba la capacidad jurídica a una persona con discapacidad para tomar sus propias decisiones, ya que un tercero asumía dicha responsabilidad).

Derecho a la autonomía y a tomar decisiones propias

La Ley 1996 de 2019 establece que todas las personas con discapacidad mayores de edad gozan de plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Esto implica:

• Presunción de capacidad.
• Derecho a decidir si se desea contar con apoyos para tomar decisiones.
• Acuerdo de apoyo y directivas anticipadas.

Este enfoque se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reafirmando un cambio de paradigma hacia la autonomía y la eliminación de barreras.

Retos que persisten

• Brechas en acceso a salud y servicios de apoyo, particularmente en zonas rurales.
• Baja inclusión laboral.
• Necesidad de fortalecer registros de caracterización y localización, y certificaciones (incluido el Registro de Localización y Caracterización).
• Falta de ajustes de accesibilidad en transporte, educación y justicia.

Recomendaciones

• Aplicar y conocer plenamente la Ley 1996 de 2019.
• Promover inclusión laboral real, con cumplimiento de cupos, incentivos y eliminación de barreras de acceso.
• Difundir el concepto de modelo social de discapacidad y goce de la autonomía personal de las PcD, así como los posibles acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, para fortalecer la autonomía personal.

La Defensoría del Pueblo continuará trabajando en la construcción de estrategias y herramientas que permitan que la inclusión sea plena como una responsabilidad colectiva y que la dignidad, la autonomía y la igualdad de derechos de las PcD sean parte de la prioridad de la acción del Estado y de toda la sociedad colombiana.