Santa Marta (Magdalena), 10 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo lideró una jornada de escucha y recolección de insumos en el Magdalena, con el objetivo de evaluar la implementación de la política pública de reparación integral, teniendo en cuenta que en el departamento hay 547.072 personas víctimas del conflicto armado.

En el encuentro, la entidad de derechos humanos convocó a los liderazgos locales para integrar sus realidades en los diagnósticos institucionales de alcance nacional. La sesión de trabajo propició un intercambio directo con los integrantes de la Mesa Distrital de Víctimas de Santa Marta y la Mesa Departamental del Magdalena. 

En su condición de Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, la Defensoría articuló las intervenciones para registrar los puntos críticos en materia de restitución de tierras, asistencia humanitaria y garantías de seguridad.

Este ejercicio de interlocución territorial se constituye en un componente clave para la redacción del Decimotercer Informe de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas, correspondiente al periodo 2025-2026. El documento final, que compila los avances y rezagos institucionales del último año en las regiones más afectadas por la violencia, será radicado formalmente ante el Congreso de la República en agosto próximo.

Para la Defensoría del Pueblo, el informe de la Comisión da cuenta de los obstáculos burocráticos, los retrasos en las indemnizaciones individuales y los factores de riesgo que persisten en las zonas rurales y urbanas de la región Caribe.

El espacio contó, además, con el acompañamiento de delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas ante la Comisión, así como de funcionarias y funcionarios de diversas entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv).

La información obtenida durante la jornada nutrirá el capítulo de percepción de las víctimas del reporte anual, un apartado estrictamente cualitativo que mide el impacto real de los programas gubernamentales. Históricamente, este enfoque ha servido para que el legislativo ejerza un control político riguroso sobre el presupuesto y las metas de las agencias responsables de la reparación y el retorno de las poblaciones desplazadas.

Al focalizar la mirada en Santa Marta y sus municipios circundantes, la Defensoría busca visibilizar las particularidades de un territorio que ha sido escenario de despojo territorial y violencia.

Las conclusiones derivadas de este espacio no solo servirán como balance de gestión del periodo 2025-2026, sino como recomendaciones vinculantes orientadas a salvaguardar los derechos fundamentales de la población víctima en el norte del país.