• Se advirtieron barreras de acceso, pago y permanencia en el programa Colombia Mayor que afectan especialmente a las personas mayores en zonas rurales.
• Entre los principales problemas identificados están la falta de cupos, las largas listas de espera, las fallas en los pagos, el desconocimiento de los trámites para autorizar a un tercero en el cobro y los altos costos de desplazamiento a los puntos de pago.
• El DPS debe revisar y ajustar el programa Colombia Mayor para facilitar el acceso al subsidio, garantizar su continuidad y optimizar la logística de entrega, y fortalecer la articulación con las entidades territoriales para que, según sus capacidades y competencias, contribuyan a superar las barreras de acceso, especialmente en zonas rurales.

Bogotá, 8 de mayo de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo entregó un concepto a la Corte Constitucional en el que expuso las barreras de acceso al cobro de los subsidios dirigidos a personas mayores e indicó que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) debe revisar y ajustar el programa Colombia Mayor en temas de acceso, permanencia y logística de entrega, en coordinación con las entidades territoriales, para prevenir la vulneración de derechos fundamentales de las personas mayores.

En la intervención durante la sesión técnica convocada por la sala plena de la Corte Constitucional el viernes 8 de abril, la Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales explicó que la Defensoría analizó 188 casos atendidos en 2025 por quejas, solicitudes o reclamos sobre Colombia Mayor, y aplicó una encuesta a funcionarias y funcionarios de 38 Defensorías Regionales para identificar patrones y barreras frente a este programa.

De ese trabajo se identificó que el principal problema —y el motivo más frecuente de consulta— son las dificultades para ingresar al programa: en el 75 % de los casos (141) se reporta ausencia de cupos, tiempos de espera excesivos de incluso varios años, y obstáculos asociados al puntaje del Sisbén, aun cuando existen condiciones de pobreza, salud, discapacidad o dependencia funcional que deberían permitir la priorización. Estas barreras administrativas afectan directamente la autonomía económica de las personas mayores.

El segundo problema se relaciona con el pago del subsidio: en el 14 % de los casos (26) se registran retrasos y fallas operativas, como caídas del sistema en los puntos de pago, cambios no informados en las fechas de cobro, falta de recursos suficientes para la atención en fechas de pago, condiciones inadecuadas de atención —filas prolongadas y a la intemperie— y ausencia de orientación para autorizar a un tercero en el cobro. En zonas rurales, el costo del desplazamiento puede superar el valor de la transferencia.

Derechos con independencia

La Defensoría del Pueblo considera importante tener en cuenta que, según el estudio Misión Colombia Envejece de la Fundación Saldarriaga Concha, el 33,1 % de las personas mayores depende de ayudas familiares o institucionales, el 30,2 % recibe pensión —solo una de cada cuatro personas— y el 30,0 % continúa trabajando. A esto se suma el envejecimiento acelerado de la población: hoy las personas mayores representan el 16 % de la población total; en 2036 serán el 20 % y en 2050 el 26 %.

Para la entidad, la protección económica es una condición esencial para la autonomía, la libertad de decisión y la dignidad humana, pues permite a las personas mayores cubrir necesidades básicas, participar en la vida social y ejercer sus derechos con independencia.

Su ausencia, por el contrario, incrementa la vulnerabilidad, la dependencia y los riesgos de abuso, y limita de manera severa el ejercicio de otros derechos fundamentales, exponiendo a las personas mayores a relaciones desiguales.

Si bien es necesario reconocer los esfuerzos del Estado por proteger a las personas mayores de menores ingresos mediante transferencias monetarias no condicionadas —en particular el programa Colombia Mayor, que mitiga, aunque no sustituye, la brecha de acceso al derecho a la pensión—, la Defensoría del Pueblo ha identificado que las condiciones actuales de acceso y operación del programa generan barreras que afectan principalmente a personas mayores en zonas rurales, donde persisten desventajas históricas: menor acceso a servicios, trabajos físicamente exigentes y secuelas del conflicto armado.