Bogotá, 12 de marzo de 2026 (@DefensoriaCol). De acuerdo con información conocida por la Defensoría del Pueblo a través de su monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en el municipio de Ituango, Antioquia, bienes de carácter civil, entre ellos viviendas campesinas, una escuela y una caseta comunal rurales habrían resultado impactadas durante el desarrollo de operaciones militares.

Estos hechos, registrados en las veredas San Luis, Filadelfia y El Torrente, del corregimiento El Aro, además de que generaron daños materiales, pusieron en riesgo la vida e integridad de la población civil.

La entidad recuerda que, en el marco del conflicto armado no internacional que persiste en distintas regiones del país, todas las partes involucradas en las hostilidades están obligadas a respetar estrictamente las normas del derecho internacional humanitario (DIH). En particular, deben observarse los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, que prohíben dirigir ataques contra la población civil y bienes de carácter civil, así como realizar operaciones que puedan ocasionar daños indiscriminados o desproporcionados.

La protección de la población civil constituye una obligación jurídica inderogable en el marco del DIH. Incluso cuando se persiga un objetivo militar legítimo, las operaciones deben planearse y ejecutarse adoptando todas las medidas de precaución necesarias para evitar o, en todo caso, reducir al máximo las afectaciones a la población civil y los bienes de carácter civil.

La Defensoría advierte que estos hechos ocurren en un territorio cuyos riesgos los identificó y señaló previamente. En particular, la Alerta Temprana 004 de 2020 y su Informe de Seguimiento 036 de 2021 señalaron sobre la grave situación de vulnerabilidad de las comunidades del municipio de Ituango frente a la confrontación entre actores armados y los riesgos asociados al desarrollo de operaciones armadas en el territorio.

La existencia de estas advertencias refuerza el deber de implementar medidas estrictas de precaución en el planeamiento y ejecución de operaciones militares, con el fin de prevenir daños a la población civil y sus bienes.

Hasta el momento, la entidad no ha recibido reportes de desplazamiento forzado asociados directamente a los hechos en mención. No obstante, ha conocido que en otras veredas del municipio persisten amenazas contra la comunidad por parte de actores armados, situación que sí ha generado desplazamientos de algunas personas por motivos de seguridad.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando monitoreo permanente de la situación humanitaria en Ituango, con el fin de advertir riesgos, acompañar a las comunidades y activar las rutas institucionales necesarias para la protección de la población civil.

Finalmente, reitera su llamado a todos los actores armados a respetar la vida, la integridad y los derechos de las comunidades, así como a cumplir estrictamente las normas del DIH y los estándares internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos.