El rol de la Defensoría del Pueblo en el caso de una migrante cubana fue determinante para que la Corte Constitucional ampare sus derechos fundamentales, ya que se le había impedido, en condición de refugio en Colombia, avanzar en la convalidación de su título de bachiller por la exigencia de apostilla y legalización del documento obtenido en su país de origen.

La Defensoría, que insistió en la necesidad de que el caso fuera seleccionado por el alto tribunal para revisión, sostuvo en su escrito que la negativa de convalidación le impedía a Natalia* acceder a educación superior, lo cual perpetuaba su situación de vulnerabilidad y limitaba sus posibilidades de integración social y económica. 

Agregó la entidad que el perjuicio en este caso trascendía lo académico para comprometer su proyecto de vida y dignidad humana. También puso de presente la necesidad de estudiar el caso con enfoque de género, dadas las condiciones personales de Natalia.

Con la Sentencia T-496 de 2025 la Corte protegió sus derechos a la igualdad, al debido proceso administrativo y a la educación, en relación directa con la libertad de escoger profesión u oficio. Y reiteró que los requisitos formales no pueden aplicarse de manera automática cuando generan exclusión y afectan de forma desproporcionada a personas en condición de refugio. 

Contexto de lo ocurrido

El origen del caso se remonta a agosto del 2023, cuando Natalia tramitó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores su reconocimiento como refugiada, luego de haber sido víctima de violencia sexual y de persecución política en Cuba. Mientras se resolvía de fondo su solicitud, obtuvo salvoconductos que acreditaban su permanencia regular en el país.

Más adelante, Natalia le solicitó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) la convalidación de su título de bachiller con el propósito de acceder a la educación superior en Colombia y avanzar en la reconstrucción de su proyecto de vida. Sin embargo, pocos días después, el MEN le devolvió la solicitud por no aportar la apostilla de los documentos académicos y le otorgó un plazo para subsanar el requisito. Al no poder cumplirlo —precisamente por su condición de refugiada—, el Ministerio declaró el desistimiento tácito del trámite.

Posteriormente, la accionante presentó una nueva solicitud en la que explicó de manera detallada que exigirle regresar a Cuba o establecer contacto con autoridades de ese país para apostillar sus documentos no solo era inviable, sino que la exponía a graves riesgos de revictimización. En ese contexto, solicitó expresamente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, dada su condición personal y su especial situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el MEN mantuvo su negativa.

Actuación de la Defensoría

La entidad, en su intervención ante la Corte, hizo énfasis en que Natalia no solo es una persona refugiada, sino una mujer víctima de violencia sexual y persecución política, lo que obliga al Estado colombiano a aplicar el enfoque de género e interseccional en su caso. 

Enfatizó en que imponerle cargas imposibles de cumplir desconocía el principio de no devolución, las obligaciones internacionales del Estado frente a la población refugiada y la normativa interna de protección a las mujeres víctimas de violencia.

«En este caso, exigir a la accionante —mujer refugiada y víctima de violencia sexual y política— que cumpla los mismos requisitos que cualquier ciudadano con libre acceso a su país de origen, desconoce su situación diferencial y perpetúa una discriminación estructural prohibida por la Constitución», señala la intervención de la Defensoría.  

La Corte acogió estos argumentos y concluyó que, si bien el requisito de apostilla persigue fines constitucionales legítimos, su aplicación automática en este caso resultó irrazonable y desproporcionada, pues desconoció las circunstancias personales de la accionante y limitó de manera injustificada su acceso a la educación. En ese sentido, reiteró que las autoridades administrativas están obligadas a aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando un requisito formal vulnera derechos fundamentales.

Claves de la Sentencia T-496 de 2025

La Sentencia subraya que la educación es un derecho humano fundamental y un medio indispensable para la realización de otros derechos. También, que las barreras administrativas no pueden convertirse en mecanismos de exclusión, especialmente cuando confluyen factores de vulnerabilidad como el género, la condición de refugio y la victimización por violencia política y sexual.

En consecuencia, la Corte le ordenó al Ministerio de Educación Nacional rehacer el trámite de convalidación del título de bachiller de Natalia, inaplicando el requisito de apostilla y valorando mecanismos alternativos de verificación que no pongan en riesgo su seguridad, su dignidad ni sus derechos fundamentales. 

La alta corporación judicial acogió la petición de la Defensoría del Pueblo para que el Ministerio de Educación «diseñe e implemente un protocolo especial de convalidación de títulos académicos dirigido a personas reconocidas como refugiadas o solicitantes de asilo, fundamentado en principios de flexibilidad, buena fe y verificación documental alternativa, con el propósito de garantizar el acceso efectivo al derecho a la educación y evitar situaciones de revictimización o vulneración del principio de no devolución». 

Para la Defensoría del Pueblo, esta decisión constituye un precedente importante porque reafirma el deber del Estado colombiano de garantizar la protección especial y trato humanitario a la población migrante y refugiada, así como el deber de incorporar de manera efectiva el enfoque de género en las decisiones administrativas.

*Natalia fue el nombre asignado por la Corte para proteger la identidad de la accionante.