Defensoría capacitó en derechos humanos y enfoque de género a personas privadas de la libertad y cuerpo de custodia del Centro de Rehabilitación de Inírida
- Jue, 30 abr 2026
El Centro de Rehabilitación de Inírida, en Guainía, alberga 55 personas privadas de la libertad. En una sola jornada formativa, la Defensoría del Pueblo y Temblores ONG capacitaron a 49 de ellas, junto a seis integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia: una cobertura del 89 % del establecimiento.
Un proceso formativo certificado y de amplio alcance
La jornada, certificada conjuntamente por la Defensoría del Pueblo y Temblores ONG, abordó las Reglas de Bangkok y su aplicación en Colombia, las medidas alternativas a la prisión para mujeres, el reconocimiento de la identidad de género y la orientación sexual, y herramientas para la prevención, identificación y atención de violencias basadas en género en contextos de reclusión.
La capacitación cubrió los dos patios del establecimiento y contó con la participación del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, lo que permitió un proceso formativo integral que involucró tanto a la población privada de la libertad como al personal responsable de su custodia.
Una alianza estratégica con continuidad
Esta acción hace parte de una relación de trabajo consolidada entre la Defensoría del Pueblo y Temblores ONG en procesos de formación, brigadas integrales defensoriales y capacitación en derechos humanos y enfoque de género en contextos de privación de la libertad.
La jornada en Inírida no es un hecho aislado. Durante 2026, este proceso formativo tendrá continuidad en otros establecimientos de reclusión del país, en coordinación con Defensorías Regionales, actores institucionales y organizaciones sociales.
Compromisos hacia adelante
Al cierre de la jornada, la Defensoría del Pueblo y Temblores ONG consolidaron compromisos pedagógicos e institucionales orientados a la garantía de derechos y la incorporación del enfoque de género en las dinámicas del establecimiento. A través de la Regional Guainía, se dará acompañamiento a los casos de personas privadas de la libertad, con énfasis en la activación de rutas institucionales para la garantía de sus derechos.

