Bogotá, 21 de mayo de 2025 (@DefensoriaCol). La desaparición forzada de personas es un delito grave, que implica la privación de la libertad de una o varias personas por medio de aprehensión, detención, secuestro u otras formas, seguida de su ocultamiento o de la negativa de las autoridades o responsables a reconocer dicha privación.

Esta práctica impide conocer el paradero de la víctima y niega cualquier información sobre su situación, dejándola fuera del amparo de la ley y sin acceso a recursos legales o garantías judiciales.

De acuerdo con el informe publicado en el Registro Único de Víctimas, con corte al 30 de abril, Colombia tiene actualmente 9.943.287 de víctimas reconocidas en el contexto del conflicto armado, donde 201.819 están categorizadas bajo la práctica de desaparición forzada, siendo reconocidas 53.195 personas como víctimas directas y 148.624 indirectas, y la cifra puede llegar a variar debido a que muchos casos aún siguen sin denunciarse.

La desaparición forzada no solo afecta a la persona desaparecida como tal, sino que también genera un profundo sufrimiento en sus familias, principalmente en mujeres, quienes enfrentan incertidumbre, angustia y la imposibilidad de acceder a la verdad y la justicia. La desaparición forzada es utilizada, en muchos casos, como una herramienta de represión política, intimidación o control social.

Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, la desaparición forzada constituye una violación múltiple y continuada de los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad, a la integridad personal y a la vida.

La Defensoría del Pueblo tiene el compromiso institucional de asegurar que todas las víctimas de desaparición forzada, así como sus familias, sean reconocidas como tales y puedan ejercer plenamente su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo, se destaca la importancia de implementar los protocolos vigentes, incluidos los relacionados con los servicios de apoyo y atención, para ofrecer respuestas adecuadas y ajustadas a las necesidades particulares de cada caso.

En los últimos años, se ha evidenciado el crecimiento de esta práctica en zonas de conflicto armado como Cauca, Valle del Cauca, Magdalena, la zona del Darién, la región del Catatumbo, entre otras, además se requiere de mayor compromiso para aplicar políticas gubernamentales que eviten las vulneraciones.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) estuvo en Colombia entre noviembre y diciembre de 2024. Las conclusiones presentadas en su informe señalan que esta problemática en el país no terminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y que, por el contrario, sigue ocurriendo a diario, afectando a diversas comunidades y grupos étnicos, especialmente en regiones donde existe control de grupos armados ilegales.

 La Defensoría del Pueblo, garante de los derechos humanos, condena esta práctica y exigen la adopción de medidas efectivas para prevenir, sancionar y garantizar la reparación integral a las víctimas y sus familias.