Preocupa a la Defensoría del Pueblo que más de 107.000 personas fueron desplazadas por la violencia en Colombia durante 2025. A esto se suma que el país pasó de registrar 520 solicitudes de reconocimiento de la condición de persona refugiada en 2016 a recibir actualmente más de 13.000 solicitudes al año.

Estas cifras, reportadas por la Cancillería y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, reflejan la persistencia del desplazamiento forzado y la urgencia de medidas de protección internacional, e hizo un llamado a fortalecer la respuesta institucional para garantizar los derechos de las personas refugiadas y desplazadas, avanzar hacia soluciones duraderas y su integración socioeconómica, cultural y política.

Inclusión y solidaridad

Bajo el lema “Aquí jugamos todas y todos por la integración y la dignidad”, la entidad reunió a organizaciones sociales, liderazgos comunitarios, entidades públicas y comunidades de acogida en una jornada, enmarcada en los actos conmemorativos del Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas, orientada a promover la inclusión, la solidaridad y el reconocimiento de los derechos de quienes se han visto obligados a huir de sus hogares.

Durante el evento, realizado en la capital del país, el fútbol de barrio se convirtió en un símbolo de integración y convivencia. A través del encuentro deportivo, las y los asistentes demostraron que el deporte es un escenario para romper estigmas, fortalecer el tejido social y generar oportunidades de encuentro entre personas diversas. 

En las canchas no hay fronteras: personas refugiadas, desplazadas y comunidades de acogida comparten el mismo espacio, construyen confianza y se reconocen como iguales. El deporte se convierte así en una metáfora de la integración que el país debe promover en todos los ámbitos.

"Hoy, que cada pase sea un gesto de confianza; cada palabra, una invitación al diálogo y a las alianzas, y que este partido de fútbol sea una oportunidad para reconocernos y celebrar en cada gol el triunfo de la integración sobre la exclusión y de la dignidad sobre la discriminación. Ese es el compromiso de la Defensoría del Pueblo", afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. 

 

Informe de Movilidad Humana 2024-2025

La entidad, además, dio a conocer el Informe de Movilidad Humana 2024-2025, un documento que analiza la situación de las personas refugiadas, solicitantes de refugio y desplazadas, además de otras poblaciones en movilidad humana. También identifica las principales barreras para el acceso a sus derechos y formula recomendaciones para fortalecer la respuesta del Estado.

Este informe advierte que Colombia continúa siendo uno de los principales países de acogida en el mundo. De los cerca de 2,9 millones de personas migrantes provenientes de Venezuela que permanecen en el país, aproximadamente el 2,2 % corresponde a personas refugiadas o solicitantes del reconocimiento de la condición de persona refugiada. 

Entre los principales hallazgos, la Defensoría identificó barreras persistentes para acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada, dificultades para obtener información y orientación jurídica especializada, así como demoras en las decisiones administrativas. 

Asimismo, alerta sobre los obstáculos que enfrentan las personas refugiadas para acceder a empleo, servicios de salud, educación, vivienda y a los sistemas de protección social, muchas veces asociados a prácticas de discriminación, exclusión y xenofobia.

Desplazamiento y confinamiento

El documento defensorial da cuenta de que el conflicto armado continúa provocando desplazamientos masivos y confinamientos, con impactos graves para pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población campesina. 

Asimismo, llama la atención sobre la necesidad de garantizar una respuesta humanitaria oportuna y avanzar en el restablecimiento efectivo de derechos, asegurando vivienda, salud, educación, generación de ingresos, documentación y acompañamiento institucional. 

Durante la jornada, las personas asistentes pudieron recorrer el Museo de Derechos Humanos en la sede central de la Defensoría y apreciar la exposición fotográfica Paraísos Confinados, que retrata los impactos del conflicto armado y el confinamiento sobre miles de personas y comunidades en el territorio nacional.

Se requieren soluciones duraderas

La Defensoría del Pueblo reiteró que la respuesta a la movilidad humana debe trascender la asistencia humanitaria y avanzar hacia soluciones duraderas que permitan a las personas reconstruir sus proyectos de vida en condiciones de seguridad, dignidad e integración. 

En ese sentido, insistió en la importancia de fortalecer la Política Pública Integral de Refugio mediante acciones que garanticen el acceso efectivo al procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada, fortalezcan el principio de no devolución y consoliden mecanismos de protección para las personas con necesidades de protección internacional.

"Desde la Defensoría del Pueblo reconocemos el valor de cada historia de lucha de las personas refugiadas y desplazadas en el país y en el mundo. La solidaridad entre comunidades es indispensable, tanto como la coordinación interinstitucional para mejorar la eficacia y avanzar decididamente", puntualizó la Defensora Iris Marín Ortiz.