New York (Estados Unidos), 8 de mayo de 2026 (@DefensoriaCol). En el II Foro de Examen de la Migración Internacional (Femi), un espacio clave para que los Estados evalúen los avances en la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), la Defensoría del Pueblo de Colombia contribuyó al fortalecimiento de la protección de los derechos de las personas migrantes y de las comunidades de acogida. Todo esto, desde un enfoque integral basado en la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.

La entidad colombiana dio recomendaciones para combatir la xenofobia, promovió narrativas basadas en derechos —a fin de contrarrestar la estigmatización que presenta a las personas migrantes como una “amenaza social”—, visibilizó acciones de incidencia a nivel nacional e internacional y socializó avances del monitoreo territorial en zonas críticas como las fronteras.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de la cooperación regional a través de la Red de Movilidad Humana de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y el grupo de trabajo de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca), pues contribuye a armonizar estándares de protección en Iberoamérica.

El Foro, llevado a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York durante cuatro días, permitió establecer una serie de compromisos:

• El fortalecimiento de la protección con énfasis en mujeres, niñas, niños, adolescentes, trabajadores migrantes y víctimas de trata
• El mejoramiento de las medidas de prevención.
• El manejo adecuado de causas estructurales.
• La cooperación basada en rutas específicas.

Esto permitirá traducir la defensa de la población migrante en acciones concretas que apunten a la eliminación de todas las formas de discriminación.

Liderazgo regional articulado

En articulación con la FIO y la Rindhca, la Defensoría ha fortalecido su incidencia regional mediante la coordinación del Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana, el desarrollo de herramientas de monitoreo y la construcción de lineamientos para la protección de personas migrantes, que incluye niñas, niños, adolescentes y personas desaparecidas.

Estos esfuerzos buscan armonizar estándares, generar evidencia y promover políticas públicas centradas en derechos humanos en escenarios como el Femi y la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

De acuerdo con Migración Colombia, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, se registraron 25.585 personas migrantes en tránsito irregular por el país. La mayoría de las personas en movilidad forzada provenían de Venezuela (25.356), República Dominicana (57), Ecuador (40), Perú (30), entre otros países.

El monitoreo tripartito entre Colombia, Panamá y Costa Rica ha evidenciado flujos migratorios desde el norte hacia el sur del continente, asociados a la adopción de políticas restrictivas. Este ejercicio ha permitido realizar seguimientos conjuntos y avanzar en la elaboración de un informe con hallazgos y recomendaciones orientadas a garantizar el respeto por los derechos humanos.

Para la Defensoría del Pueblo, la dignidad humana no tiene fronteras. La situación migratoria de una persona no define sus derechos ni su valor como ser humano; en cualquier escenario, condición o circunstancia, debe garantizarse el respeto pleno de su dignidad. En este sentido, la entidad reitera que el uso del término “ilegal” para referirse a personas migrantes resulta estigmatizante y debe ser eliminado del discurso oficial.

La regularización es una herramienta de protección. No constituye una “amnistía”, sino un mecanismo esencial para garantizar el acceso a derechos como la salud, la educación y el trabajo digno, y para prevenir la exclusión estructural y la profundización de la pobreza.

En consecuencia, es imperativo que los Estados y los medios de comunicación se abstengan de asociar nacionalidades con conductas delictivas o de emplear expresiones deshumanizantes como “invasión” u “ola de migrantes”.

Cumplimiento del mandato constitucional

En el actual contexto global, marcado por el aumento de la xenofobia, el racismo, los discursos de odio y la adopción de políticas restrictivas que vulneran gravemente los derechos humanos, la participación de la Defensoría obedeció al cumplimiento de su mandato de promoción y defensa de los derechos humanos, como está consignado en la Carta Política del 91.

Su intervención contribuyó a identificar brechas, tensiones y oportunidades entre los estándares internacionales sobre movilidad humana y la realidad que enfrentan las personas que viven dicha movilidad.