EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué está haciendo agua el sistema para adolescentes infractores?
JORGE ARMANDO OTÁLORA:La Defensoría del Pueblo inspeccionó 18 centros de internación para adolescentes en conflicto con la ley penal en 6 ciudades del país. Y eso nos permitió identificar situaciones de vulneración a los derechos de adolescentes privados de la libertad.
Hace pocos días presentamos un informe dando cuenta de estas circunstancias, y de las recomendaciones que a juicio de la Defensoría son útiles para que el sistema de responsabilidad penal garantice procesos de justicia restaurativa a los infractores y aplique sanciones acordes con las conductas que les endilgan, pero también con el trato diferencial que corresponde a menores de 18 años.
Ahora, respecto al tema puntual de las causas, diría que son múltiples las razones: los centros de internación no cumplen con los estándares que desde el punto de vista de la estructura física deben considerar para albergar a adolescentes; se está haciendo uso de la privación de la libertad como único mecanismo de sanción en situaciones en las que se pueden aplicar otras medidas, circunstancia que tiene que ver directamente con el hacinamiento y sobrecupo en estos centros; encontramos también que la oferta de  los establecimientos para resocializar o dotar de herramientas de reinserción social a los adolescentes es insuficiente; y también identificamos que la oferta de políticas públicas en los territorios y en los municipios se queda corta para garantizar el acceso pleno de los jóvenes a sus derechos, y en muchas ocasiones por eso terminan buscando en la ilegalidad la satisfacción de necesidades que la sociedad y el Estado no les ofrecen.
ENS:¿Cuáles son las principales conclusiones de las inspecciones que la Defensoría realizó a 18 centros?
JAO:Desde el punto de vista de la estructura de estos centros ubicados en Bogotá, Cali, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena, alertamos que, a medida que la estructura de un centro de internación para adolescentes más se aproxime a una cárcel, menor será la posibilidad de que dicho centro cumpla las finalidades del sistema de responsabilidad penal adolescente.
De otro lado, respecto al modelo pedagógico y de atención que se aplica en estos centros, encontramos lo siguiente: imposición de sanciones como medida correctiva por incumplimiento a los manuales de convivencia, consistentes en suspensión de visitas familiares y aislamiento en celdas de castigo bajo condiciones degradantes e inhumanas; deficiente o tardía atención en salud, lo cual es crítico en adolescentes con problemas de salud mental y en quienes son medicados como tratamiento para el consumo de psicoactivos; actividades de formación académica, vocacional, técnica y deportiva deficientes en contenido, desarticuladas y restringidas en su acceso, por lo que no se garantizan el derecho a la educación ni la formación para la productividad de manera eficaz; también está la prohibición de manifestaciones afectivas y restricción absoluta en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; y por último el tema de la intervención terapéutica individual y familiar que en algunos casos es francamente deficiente.
ENS: ¿Qué respondió Bienestar Familiar al respecto?
JAO:Es importante recordar que el ICBF es sólo un actor dentro de un conjunto más de entidades que tienen responsabilidades directas con la operación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues también están involucradas instituciones como la Fiscalía, la Judicatura, la Policía, la Procuraduría y la misma Defensoría del Pueblo.
Por lo tanto, superar la crisis del sistema sólo es posible a partir de un trabajo conjunto entre todos los actores, incluyendo por supuesto a los entes territoriales.
En cuanto al Bienestar Familiar debo resaltar su actual compromiso, desde su directora en adelante, por la mejora de las condiciones de internación de los adolescentes y las garantías para la protección de sus derechos fundamentales.
ENS: ¿A qué obedece que estos centros se convierten más en una escuela del delito que una oportunidad de resocialización?
JAO:Lo que es claro es que la Defensoría del Pueblo, en desarrollo de esta investigación, habló directamente con más de 200 adolescentes internos, la mayoría de los cuales expresó su deseo y compromiso para superarse, estudiar, aprender una profesión u oficio. Y creemos que al margen de las sanciones, la sociedad y el Estado están en la obligación de darles una segunda oportunidad para hacerlo; de lo contrario, es imposible que lo logren.
Imputabilidad
 
ENS: Hay sectores que consideran que se debe bajar la imputabilidad a los adolescentes porque cada vez son más precoces delictivamente hablando. ¿Qué opina?
JAO:Es un grave error pretender bajar la edad para imputarle delitos a los adolescentes, porque equivale a pasarles la cuenta de cobro por la instrumentalización que sobre ellos ejercen los adultos y por la incapacidad del Estado para evitar que encuentren en el delito una opción de vida.
No hay que olvidar que más del 90 por ciento de quienes hacen parte del sistema de responsabilidad penal adolescente pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos y han sido víctimas de diferentes formas de maltrato; y también hay que recordar que muchos de ellos han sido arrancados de sus hogares y reclutados por la fuerza para participar de las actividades criminales que realizan los grupos armados ilegales.
Por lo tanto, disminuir la edad no solo desconoce estas realidades que se están presentando en varias regiones, sino que agrava el problema porque lo que hace es aumentar el hacinamiento y dificultar las condiciones de resocialización.
ENS: ¿Si no se ha podido arreglar el sistema penal para los adultos condenados cree que hay espacio para corregir las fallas en adolecentes?
JAO:Es cierto que el sistema de prisiones afronta una crisis estructural, y por eso ahora que asistimos a niveles de hacinamiento superiores al 54 por ciento, hemos insistido en que se declare la emergencia social carcelaria.
Pero en el caso de los adolescentes aspiramos y esperamos que con el esfuerzo de todas las entidades que hacen parte del sistema pueda encontrarse una solución. Renunciar a ello equivaldría a condenar a estos jóvenes a no tener un futuro y a que cuando la sociedad los reciba por el cumplimiento de las sanciones aplicadas, las consecuencias sean mucho peores que cuando entraron.
ENS: Hay quienes dicen que uno de los muchos problemas de la detención es su bajo nivel de seguridad y que están ubicados en centros urbanos. ¿Qué opina?
JAO:La seguridad es solo uno de los problemas que tiene el Sistema y la ubicación de estos sitios en centros urbanos depende de la planeación y articulación de las autoridades, comenzando por quienes determinan qué tipo de establecimientos se deben localizar y en qué lugares.
Acudir a medidas como el aislamiento implica afectar el derecho al contacto familiar y pensar en zonas alejadas entorpecería el cumplimiento de los objetivos que plantea el Sistema.
 
 Victimarios y víctimas
 
ENS: Está visto que la imputabilidad de los adolescentes está siendo utilizada por las organizaciones delincuenciales. ¿Cómo acabar con esta práctica?
JAO:Es necesario seguir avanzando en los esfuerzos para capturar, juzgar y condenar a estas personas. Es una práctica que como ya señalé, ha sido plenamente identificada por la Defensoría del Pueblo, perpetrada por delincuentes comunes y por actores armados, que incluso pueden constituir crímenes de lesa humanidad; por eso el éxito está en desarticular y capturar a los responsables de la utilización de niños, niñas y adolescentes y garantizar el ingreso de estas víctimas, a programas que, a diferencia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, consideren de manera prioritaria su condición de víctimas antes que la de victimarios, toda vez que así lo son por la utilización para fines ilegales.
De hecho, hace pocos días radicamos una demanda de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley 1448 porque, por ejemplo, los niños y jóvenes reclutados por los grupos posdesmovilizados no tienen acceso a los programas de reparación que sí cobijan a las víctimas de la guerrilla y del paramilitarismo.
ENS: Se han visto casos en que casi linchan a los adolescentes infractores porque saben que si los entregan a las autoridades estarán a los pocos días delinquiendo nuevamente. ¿Cómo ve esta situación?
JAO:Es una situación grave y lamentable, respecto de la cual la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la comunidad y a la sociedad en el sentido que son las autoridades las encargadas de realizar las capturas y de poner a estos jóvenes a disposición de la justicia.
Una cosa es colaborar a través de la información oportuna y otra muy distinta aplicar la justicia por mano propia, lo cual también tiene unas consecuencias.
Y déjeme agregarle algo: la reincidencia en el delito por parte de los menores de 18 años es la muestra de la ineficacia del sistema para recuperar a los adolescentes y por eso la urgencia de que el Estado actúe de manera articulada para enfrentar este problema.
ENS: ¿Cree que se debe presentar otra reforma para menores infractores?
JAO:Creemos que se deb

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué está haciendo agua el sistema para adolescentes infractores?
JORGE ARMANDO OTÁLORA:La Defensoría del Pueblo inspeccionó 18 centros de internación para adolescentes en conflicto con la ley penal en 6 ciudades del país. Y eso nos permitió identificar situaciones de vulneración a los derechos de adolescentes privados de la libertad.
Hace pocos días presentamos un informe dando cuenta de estas circunstancias, y de las recomendaciones que a juicio de la Defensoría son útiles para que el sistema de responsabilidad penal garantice procesos de justicia restaurativa a los infractores y aplique sanciones acordes con las conductas que les endilgan, pero también con el trato diferencial que corresponde a menores de 18 años.
Ahora, respecto al tema puntual de las causas, diría que son múltiples las razones: los centros de internación no cumplen con los estándares que desde el punto de vista de la estructura física deben considerar para albergar a adolescentes; se está haciendo uso de la privación de la libertad como único mecanismo de sanción en situaciones en las que se pueden aplicar otras medidas, circunstancia que tiene que ver directamente con el hacinamiento y sobrecupo en estos centros; encontramos también que la oferta de  los establecimientos para resocializar o dotar de herramientas de reinserción social a los adolescentes es insuficiente; y también identificamos que la oferta de políticas públicas en los territorios y en los municipios se queda corta para garantizar el acceso pleno de los jóvenes a sus derechos, y en muchas ocasiones por eso terminan buscando en la ilegalidad la satisfacción de necesidades que la sociedad y el Estado no les ofrecen.
ENS:¿Cuáles son las principales conclusiones de las inspecciones que la Defensoría realizó a 18 centros?
JAO:Desde el punto de vista de la estructura de estos centros ubicados en Bogotá, Cali, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena, alertamos que, a medida que la estructura de un centro de internación para adolescentes más se aproxime a una cárcel, menor será la posibilidad de que dicho centro cumpla las finalidades del sistema de responsabilidad penal adolescente.
De otro lado, respecto al modelo pedagógico y de atención que se aplica en estos centros, encontramos lo siguiente: imposición de sanciones como medida correctiva por incumplimiento a los manuales de convivencia, consistentes en suspensión de visitas familiares y aislamiento en celdas de castigo bajo condiciones degradantes e inhumanas; deficiente o tardía atención en salud, lo cual es crítico en adolescentes con problemas de salud mental y en quienes son medicados como tratamiento para el consumo de psicoactivos; actividades de formación académica, vocacional, técnica y deportiva deficientes en contenido, desarticuladas y restringidas en su acceso, por lo que no se garantizan el derecho a la educación ni la formación para la productividad de manera eficaz; también está la prohibición de manifestaciones afectivas y restricción absoluta en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; y por último el tema de la intervención terapéutica individual y familiar que en algunos casos es francamente deficiente.
ENS: ¿Qué respondió Bienestar Familiar al respecto?
JAO:Es importante recordar que el ICBF es sólo un actor dentro de un conjunto más de entidades que tienen responsabilidades directas con la operación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues también están involucradas instituciones como la Fiscalía, la Judicatura, la Policía, la Procuraduría y la misma Defensoría del Pueblo.
Por lo tanto, superar la crisis del sistema sólo es posible a partir de un trabajo conjunto entre todos los actores, incluyendo por supuesto a los entes territoriales.
En cuanto al Bienestar Familiar debo resaltar su actual compromiso, desde su directora en adelante, por la mejora de las condiciones de internación de los adolescentes y las garantías para la protección de sus derechos fundamentales.
ENS: ¿A qué obedece que estos centros se convierten más en una escuela del delito que una oportunidad de resocialización?
JAO:Lo que es claro es que la Defensoría del Pueblo, en desarrollo de esta investigación, habló directamente con más de 200 adolescentes internos, la mayoría de los cuales expresó su deseo y compromiso para superarse, estudiar, aprender una profesión u oficio. Y creemos que al margen de las sanciones, la sociedad y el Estado están en la obligación de darles una segunda oportunidad para hacerlo; de lo contrario, es imposible que lo logren.
Imputabilidad
 
ENS: Hay sectores que consideran que se debe bajar la imputabilidad a los adolescentes porque cada vez son más precoces delictivamente hablando. ¿Qué opina?
JAO:Es un grave error pretender bajar la edad para imputarle delitos a los adolescentes, porque equivale a pasarles la cuenta de cobro por la instrumentalización que sobre ellos ejercen los adultos y por la incapacidad del Estado para evitar que encuentren en el delito una opción de vida.
No hay que olvidar que más del 90 por ciento de quienes hacen parte del sistema de responsabilidad penal adolescente pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos y han sido víctimas de diferentes formas de maltrato; y también hay que recordar que muchos de ellos han sido arrancados de sus hogares y reclutados por la fuerza para participar de las actividades criminales que realizan los grupos armados ilegales.
Por lo tanto, disminuir la edad no solo desconoce estas realidades que se están presentando en varias regiones, sino que agrava el problema porque lo que hace es aumentar el hacinamiento y dificultar las condiciones de resocialización.
ENS: ¿Si no se ha podido arreglar el sistema penal para los adultos condenados cree que hay espacio para corregir las fallas en adolecentes?
JAO:Es cierto que el sistema de prisiones afronta una crisis estructural, y por eso ahora que asistimos a niveles de hacinamiento superiores al 54 por ciento, hemos insistido en que se declare la emergencia social carcelaria.
Pero en el caso de los adolescentes aspiramos y esperamos que con el esfuerzo de todas las entidades que hacen parte del sistema pueda encontrarse una solución. Renunciar a ello equivaldría a condenar a estos jóvenes a no tener un futuro y a que cuando la sociedad los reciba por el cumplimiento de las sanciones aplicadas, las consecuencias sean mucho peores que cuando entraron.
ENS: Hay quienes dicen que uno de los muchos problemas de la detención es su bajo nivel de seguridad y que están ubicados en centros urbanos. ¿Qué opina?
JAO:La seguridad es solo uno de los problemas que tiene el Sistema y la ubicación de estos sitios en centros urbanos depende de la planeación y articulación de las autoridades, comenzando por quienes determinan qué tipo de establecimientos se deben localizar y en qué lugares.
Acudir a medidas como el aislamiento implica afectar el derecho al contacto familiar y pensar en zonas alejadas entorpecería el cumplimiento de los objetivos que plantea el Sistema.
 
 Victimarios y víctimas
 
ENS: Está visto que la imputabilidad de los adolescentes está siendo utilizada por las organizaciones delincuenciales. ¿Cómo acabar con esta práctica?
JAO:Es necesario seguir avanzando en los esfuerzos para capturar, juzgar y condenar a estas personas. Es una práctica que como ya señalé, ha sido plenamente identificada por la Defensoría del Pueblo, perpetrada por delincuentes comunes y por actores armados, que incluso pueden constituir crímenes de lesa humanidad; por eso el éxito está en desarticular y capturar a los responsables de la utilización de niños, niñas y adolescentes y garantizar el ingreso de estas víctimas, a programas que, a diferencia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, consideren de manera prioritaria su condición de víctimas antes que la de victimarios, toda vez que así lo son por la utilización para fines ilegales.
De hecho, hace pocos días radicamos una demanda de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley 1448 porque, por ejemplo, los niños y jóvenes reclutados por los grupos posdesmovilizados no tienen acceso a los programas de reparación que sí cobijan a las víctimas de la guerrilla y del paramilitarismo.
ENS: Se han visto casos en que casi linchan a los adolescentes infractores porque saben que si los entregan a las autoridades estarán a los pocos días delinquiendo nuevamente. ¿Cómo ve esta situación?
JAO:Es una situación grave y lamentable, respecto de la cual la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la comunidad y a la sociedad en el sentido que son las autoridades las encargadas de realizar las capturas y de poner a estos jóvenes a disposición de la justicia.
Una cosa es colaborar a través de la información oportuna y otra muy distinta aplicar la justicia por mano propia, lo cual también tiene unas consecuencias.
Y déjeme agregarle algo: la reincidencia en el delito por parte de los menores de 18 años es la muestra de la ineficacia del sistema para recuperar a los adolescentes y por eso la urgencia de que el Estado actúe de manera articulada para enfrentar este problema.
ENS: ¿Cree que se debe presentar otra reforma para menores infractores?
JAO:Creemos que se deben hacer cumplir los postulados de protección, garantía y restablecimiento de derechos que están ya definidos en el Código de Infancia y Adolescencia.

(Vea la edición impresa, domingo 19 de julio de 2015).

en hacer cumplir los postulados de protección, garantía y restablecimiento de derechos que están ya definidos en el Código de Infancia y Adolescencia.

(Vea la edición impresa, domingo 19 de julio de 2015).