La Defensoría del Pueblo puso en marcha la Escuela de Ejecución Penal, un espacio de formación virtual dirigido a defensoras y defensores públicos que atienden a población privada de la libertad, con una metodología centrada en situaciones reales de atención jurídica.

La escuela busca brindar herramientas jurídicas y operativas para mejorar la atención a personas condenadas, profundizar en el estudio del sistema penitenciario y capacitar en el uso de AURORA, nuevo sistema de información desarrollado por la Dirección Nacional de Defensoría Pública para asegurar la trazabilidad de la atención jurídica en los establecimientos de reclusión.

La iniciativa reúne expertos en derecho penitenciario, política criminal y derechos humanos, con el respaldo académico de la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los contenidos abarcan mecanismos alternativos a la prisión, redención de pena, traslados, beneficios administrativos, tutelas, seguimiento a personas condenadas y ejercicios prácticos sobre el uso de AURORA en los establecimientos de reclusión (ERON).

Una apuesta institucional por el acceso a la justicia en cárceles

La Escuela responde a la necesidad de ampliar la formación especializada en ejecución penal dentro de la Defensoría Pública y a los retos que enfrenta la atención jurídica en las cárceles del país. Hace parte de una estrategia institucional articulada en cuatro líneas de trabajo: ampliación de la presencia de defensores públicos en establecimientos de reclusión, implementación del sistema AURORA, priorización de la Ley de Utilidad Pública para mujeres condenadas y formación especializada en ejecución penal. Actualmente, la Defensoría cuenta con 151 defensores públicos en el sistema penitenciario y carcelario.

La iniciativa tiene como fundamento el Decálogo de la Defensoría del Pueblo, que establece como prioridad el seguimiento, monitoreo e incidencia frente a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios y de detención transitoria, el acompañamiento a la política criminal y el seguimiento a las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país.

La inauguración contó con una cátedra a cargo de Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Sala de Casación Penal, quien abordó los impactos de la Ley 2477 de 2025 en el sistema penitenciario y la reciente jurisprudencia de esa sala en materia de redención de pena.