El propósito fundamental de esta Resolución y de la Audiencia es proteger los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar de la población y la vida digna de las comunidades del Amazonas.

La Defensoría del Pueblo insta a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía y a las organizaciones indígenas del departamento, a definir y poner en marcha los planes de manejo forestal dentro de sus territorios; a coordinar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las demás autoridades pertinentes, las acciones necesarias para controlar la explotación ilegal de oro en los diferentes ríos del departamento por parte de personas provenientes de Brasil.

Del mismo modo, la defensoría solicita a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales que defina coordinadamente con las comunidades y el concesionario del área turística del parque Amacayacu, los mecanismos de uso de las zonas concesionadas y de las actividades conexas que puedan afectar a esas comunidades.

Respecto a la prestación del servicio de salud, la Defensoría del Pueblo requiere a la Gobernación para que se dé solución a los problemas de infraestructura en las escuelas, centros educativos y los puestos de salud en las comunidades que están afectadas por el mal estado de estos; así mismo, se recomienda, que dentro de la Mesa Interadministrativa, se solicite a las tres ARS que cubren el departamento, adelantar brigadas conjuntas de salud para lograr mayor eficiencia y cobertura a la población.