Columna en video de la Defensora del Pueblo sobre acoso sexual – 25 de marzo de 2026

El viernes pasado se conoció un comunicado de Caracol Televisión en el que informaron haber recibido denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual y la activación de los protocolos y procedimientos establecidos por la ley para atender el caso.

También, este fin de semana, 40 mujeres periodistas firmaron una carta, respaldando a una colega que denunció por abuso sexual en 2019 a Hollman Morris, actual director de RTVC.

Y recientemente, la abogada y columnista Ana Bejarano, relató en su columna semanal cómo, hace ya varios años, fue víctima de acoso sexual por parte de un magistrado de la Corte Constitucional, en una práctica que incluso tenía nombre propio: “judicantear” y significaba el involucramiento sexual e íntimo con las judicantes. ¿Si esto ya tenía nombre propio es porque era reconocido y normalizado silenciosamente en el alto tribunal?

Estos son solo algunos ejemplos, pero la realidad es más amplia. El acoso sexual ocurre en instituciones, en empresas, en medios de comunicación, en universidades, en espacios comunitarios, y en lugares más cotidianos como el transporte público o el colegio, etc.

Estamos frente a una violencia estructural, que no distingue sectores ni niveles de poder, y que requiere una respuesta estructural también. Sin embargo; es más difícil enfrentarlo cuando quien ejerce el acoso sexual es una persona poderosa, ya sea porque tiene poder político, institucional o económico, porque goza de reconocimiento social o académico, o porque es reconocido como una personalidad.

Erradicar esta violencia implica transformar las condiciones que la permiten: romper el silencio, desmontar la impunidad, y garantizar que haya consecuencias.

Y los datos lo confirman: En Colombia, de acuerdo con el informe Violencia de género en contra las mujeres periodistas en Colombia, publicado a finales de 2020 por la campaña No Es Hora De Callar y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, 6 de cada 10 mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales.

Casi 8 de cada 10 conocen casos de violencia contra colegas. Y en la mayoría de estos, los agresores son personas con poder dentro de los mismos entornos laborales.

Esto no es marginal. Es estructural.

El acoso sexual no sólo se sostiene por quienes lo ejercen, sino también por el silencio, la impunidad y la normalización. Porque sí: los responsables directos son quienes acosan. Pero también hay responsabilidades institucionales y colectivas: De las entidades que no investigan.

De las organizaciones, entidades, instituciones que encubren o minimizan. De los entornos laborales que priorizan reputaciones por encima de la protección de las mujeres. Y de una sociedad que ha aprendido a normalizar estas prácticas.

Y hay algo más que debemos decir con claridad: Las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren.

Las mujeres denuncian cuando pueden. Porque denunciar implica riesgos. Implica miedo a represalias, a perder el trabajo, muchas no denuncian por desconfianza en los mecanismos existentes o por temor a las consecuencias.

Denuncian cuando encuentran condiciones mínimas de seguridad no solo física sino emocional. Cuando sienten que pueden ser escuchadas. Cuando el costo de hablar no es más alto que el de guardar silencio.

Y generar esos espacios seguros no es tan sencillo. Por ejemplo, en el caso hipotético en el que una amiga o una familiar le contara a usted que ha sido víctima de una situación de acoso, ¿cuál sería su primera respuesta? Acaso no pensaría en recomendarle que mejor renuncie a ese trabajo, que guarde silencio, que no denuncie, que se aleje de ese entorno, que se aleje de ese hombre poderoso. Seguramente, lo haría porque su primera reacción es pensar en cuidar a esa persona y que el camino de la denuncia es particularmente difícil y revictimizante. Como lo decía hace poco la fiscal de Sala coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado en España, María Eugenia Prendes: “Las mujeres no confían en la Justicia porque la Justicia no confía en las mujeres”… y le agrego, “la sociedad cuestiona a las víctimas antes que a los victimarios”.

Preguntar ¿por qué no hablaron antes? no es una pregunta inocente. Es una forma de deslegitimar a las víctimas y de sostener el silencio que permite que estas violencias continúen.

En este contexto, es importante reconocer el reciente pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, que ha señalado la necesidad de avanzar en la investigación de estos hechos.

También, es muy importante el trabajo que se realizó en la Corte Constitucional en materia de clima laboral y acoso dentro de la misma institución, de los cuales siguieron una política de equidad de género y un protocolo de acoso laboral, construidos de manera participativa, y que se han venido implementando con campañas de prevención y manejo adecuado de estas situaciones.

Además, es un avance los comunicados de Caracol Noticias donde hace un reconocimiento a las denuncias, y referencia a la aplicación de un protocolo interno para el manejo de estas situaciones.

Esos son avances relevantes y necesarios, pero insuficientes. Hoy el desafío es que ese compromiso se traduzca en acciones concretas:

Investigaciones diligentes y oportunas.

Procesos que no revictimicen.

Decisiones que garanticen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Que las víctimas puedan encontrar en la administración de justicia un espacio de confianza, y no otro escenario de vulneración de derechos.

Estamos presenciando cómo el silencio que protegió el abuso de poder y el acoso se está desplomando.

Como Defensora del Pueblo y como mujer recibo estas denuncias que exigen respuestas inmediatas. El trabajo debe ser un espacio de realización y no un territorio de miedo en el que las mujeres tengamos que sacrificar la dignidad para sostener a estabilidad económica o una vocación profesional.

Las denuncias están demostrando como el acoso en entornos de poder se usa para silenciar y para que el acosador se respalde por su posición y prestigio, lo cual es antiético.

Por eso, la cultura del “secreto a voces” tiene que terminar, porque el silencio también es una forma de complicidad, mirar para otro lado y hacer que nada pasa es lo que ha permitido que estas acciones se perpetúen en nuestra sociedad.

La Defensoría del Pueblo está atenta para que las denuncias no sean en vano, el silencio ya no es un refugio para los acosadores y las palabras de las víctimas serán escuchadas, el respeto debe ser la norma para tener un lugar digno donde trabajar.

Por esto, desde la entidad contamos con un Mecanismo de denuncia de acoso sexual en contextos de poder, donde realizamos un acompañamiento a víctimas de acoso sexual en contextos donde los agresores ejercen influencia política, social, económica, espiritual o mediática, lo que limita o restringe su acceso a la justicia y las expone a mayores niveles de estigmatización y revictimización.

Con un equipo especializado atendemos, acompañamos y gestionamos los casos de acoso sexual que enfrentan las víctimas en estos escenarios adversos, promoviendo un acceso seguro y confidencial a la justicia, así como apoyo psicosocial y jurídico. Necesitamos una posición clara de no tolerancia. En todos los espacios. Sin excepciones.

Porque una sociedad que tolera el acoso sexual es una sociedad que limita la libertad de las mujeres y ninguna mujer debería tener que elegir entre su dignidad y su silencio. Cambiar eso no es solo urgente. Es inaplazable.