• El sector privado concentra entre el 70 % y el 99 % del suministro de medicamentos en Colombia, pero el debate sobre sus responsabilidades en derechos humanos sigue siendo insuficiente. Esa es una de las tres paradojas que la Defensoría del Pueblo expuso en el III Foro Farmacéutico Latinoamericano, donde llamó a construir un pacto de soberanía sanitaria antes de que termine el año.

La Defensoría del Pueblo participó en el III Foro Farmacéutico Latinoamericano, un escenario que reunió a actores del sector público y privado para discutir el vínculo entre empresas y derechos humanos. El objetivo es avanzar, antes de que termine el año, hacia un pacto de soberanía sanitaria que garantice el acceso oportuno a medicamentos esenciales en Colombia y la región.

Durante el encuentro, la Defensoría instó al sector privado a adoptar procesos reales de debida diligencia para evitar fallas en el suministro de medicamentos. También insistió en la necesidad de contar con estándares vinculantes que refuercen las responsabilidades empresariales y aseguren el derecho fundamental a la salud.

En el foro se destacó que, según la Encuesta 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 80,8 % de los actores consultados prioriza la regulación y el 76,6 % otorga especial relevancia a la reputación corporativa. El 61,8 %, por su parte, ubica entre sus prioridades la prevención y mitigación de interrupciones en la cadena de suministro.

La Defensoría advirtió que en Colombia persisten tres paradojas en el acceso a medicamentos: cerca del 70 % de las unidades son de producción nacional, pero las fallas de acceso pueden oscilar entre el 40 % y el 90 %; existe un plan de soberanía sanitaria, pero persisten incertidumbres sobre la coordinación regional necesaria para producir medicamentos desabastecidos.

Finalmente, se alertó que, pese a que entre el 70 % y el 99 % de la prestación de servicios y el suministro de medicamentos está en manos del sector privado, el debate sobre la implementación de estándares de empresas y derechos humanos en salud sigue siendo insuficiente para avanzar hacia un sistema más equitativo, eficiente y centrado en la garantía de derechos.