Ponencia del Defensor del Pueblo en Uruguay
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El Jefe del organismo humanitario, quien previamente había visitado a los nacionales privados de la libertad en el reclusorio Devoto de la ciudad de Buenos Aires, y quien en las últimas horas participó del Consejo Andino de Defensores de América del Sur, dijo que como veedoras de los derechos humanos, corresponde a las Defensorías del Pueblo velar por el cumplimiento de ese derecho ciudadano, particularmente donde la infraestructura y las alternativas tecnológicas resultan escasas.

Otálora Gómez manifestó que en el caso colombiano fue sancionada el año pasado una Ley Estatutaria sobre la transparencia y el acceso a la información, norma que además de significar un avance frente a los derechos ya consagrados en la Constitución Política, establece un mandato directo al Ministerio Público, del cual forma parte de la Defensoría, para que audite la tarea de cerca de 70 mil funcionarios e instituciones adscritos al Estado, que tienen el deber de responder a las demandas de los ciudadanos.

En este sentido, el Ombudsman colombiano explicó que salvo en situaciones excepcionales como una posible violación del derecho a la intimidad o en circunstancias de seguridad nacional, es deber del Estado y de los servidores públicos suministrar la información, y en caso tal explicar las razones por las cuales no es posible acceder a ella, obedeciendo al mandato legal en materia de tiempo y entregas parciales.

Jorge Armando Otálora Gómez destacó la capacitación a 1.200 funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Colombia, como requisito para multiplicar los principios de transparencia y acceso a la información en las 36 regionales donde tiene presencia la Institución.