En Audiencia Defensorial se dio a conocer el resultado del proceso de construcción participativa adelantada con las autoridades y representantes del pueblo awá. El informe establece las causas que ocasionan las graves vulneraciones de los derechos humanos e infracciones del DIH que dicho pueblo ha venido afrontando en los últimos siete años, afectando entre otro derechos fundamentales, la vida e integridad personal, la identidad cultural y territorial, la autonomía, la consulta previa, la jurisdicción especial, la etnoeducación y la etnosalud. 

Se presentó una descripción de los aspectos físicos y demográficos del departamento de Nariño con la respectiva caracterización ambiental, cultural y los problemas que afectan el disfrute del derecho al territorio de los indígenas awá, específicamente de las comunidades ubicadas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego y Ricaurte. 

Son 25.876 los indígenas del pueblo awá asentados en el departamento de Nariño con procesos organizativos caracterizados por la resistencia a la invasión de sus tierras, la protección de su identidad cultural y su derecho a la autonomía como pueblo indígena. 

Pérdida de tierras 
Los awá son “Gente de la Montaña”, hijos de la selva, y al hablar de territorio hacen referencia al conjunto de derechos fundamentales, colectivos e individuales que deben ser reconocidos, respetados y garantizados para la supervivencia como pueblo. Por diferentes dinámicas socioeconómicas, sociales y culturales que se generan en la región, los awá han sido despojados de sus territorios. En los últimos años han perdido dominio territorial por la presencia de los diferentes grupos armados ilegales, el narcotráfico y la venta de sus tierras mediante títulos individuales a particulares. 

Desde el año 2000, los awá, han afrontado serias dificultades en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el desconocimiento de los mismos y por la presencia de grupos armados ilegales en su territorio que han afectado elementos vitales de su cultura, la cosmovisión y su espiritualidad, al romper los referentes históricos con el territorio, las relaciones de parentesco y en general debilitando la composición social, la cultura y la autonomía. 

En la región que habitan los awá de Nariño, hacen presencia las FARC (Frente 29, Columnas Daniel Aldana y Mariscal Sucre), el ELN (Compañías Guerreros del Sindagua y Mártires de Barbacoas) y nuevas estructuras armadas ilegales, denominadas bandas criminales emergentes (BACRIM) , grupos que han convertido los territorios de los resguardos de este pueblo en zona de confrontación, poniendo a los awá y demás comunidades en el centro de sus disputas, convirtiéndolos en víctimas de asesinatos selectivos, de configuración múltiple, masacres, desapariciones forzadas, retención ilegal de personas, torturas, desplazamientos forzados, ataques indiscriminados, accidentes e incidentes por armas trampa, enfrentamientos con interposición de la población civil y permanentes violaciones a los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal. El territorio del pueblo awá es utilizado por los actores armados al margen de la ley, como corredor estratégico para movilizarse de una a otra zona del país. 

Desplazamiento y empobrecimiento 
Con la expansión de cultivos de uso ilícito, la imposición de la economía del narcotráfico, el desarrollo de megaproyectos y proyectos dentro de sus territorios, el posicionamiento y la disputa territorial en el marco del conflicto armado interno afectan los derechos a la vida e integridad personal, la etnoeducación, la salud y los derechos fundamentales colectivos e integrales de este pueblo, el territorio, la autonomía y la consulta previa. La violencia de los grupos armados ilegales (incluidas las fumigaciones) han generado desplazamiento y han vulnerado la integridad física y cultural y ha llevado a un proceso de empobrecimiento a los awá y sus comunidades. 

El ejercicio del derecho a la autonomía como pueblo, se vulnera en la medida que actores armados buscan suplantar en las competencias constitucionales y legales a las autoridades indígenas. En muchos casos, y a pesar de la resistencia, han vulnerado la unidad de pensamiento del proceso organizativo, poniendo en alto riesgo a las comunidades y la legitimidad de las autoridades de los diferentes resguardos, de la UNIPA y CAMAWARI. 

La política del Estado contra el narcotráfico (Plan Colombia) en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Cauca, ha producido la expansión de este fenómeno en el departamento de Nariño. 

Minas antipersonal 
La ocupación indebida de los territorios del pueblo awá, por parte de los actores armados y la siembra de minas antipersonal pone en alto riesgo a las comunidades indígenas, restringiendo el uso de espacios tradicionales para la cacería, la pesca y los sitios sagrados para la práctica de curaciones. Incluso, se han profanado los cementerios dentro de sus territorios. Desde 2005, 12 indígenas awá han sido víctimas de minas (3 de ellos han muerto). 

A causa de lo anterior, el pueblo indígena awá de Nariño se encuentra en una grave crisis humanitaria, situación que reclama del Estado en su conjunto una política de atención humanitaria de emergencia, diferenciada e integral; política que debe definirse de manera inmediata bajo los principios de la diversidad étnica y cultural, y garantizando el derecho fundamental de la consulta previa. 

En la Audiencia, el Defensor dio a conocer a las autoridades e instituciones competentes del Estado convocadas, del orden nacional departamental y municipal, las diferentes demandas del pueblo awá en el marco de los derechos constitucionales y legales que les asisten. Una importante delegación de indígenas awá, provenientes de sus territorios ubicados en el departamento de Nariño, estuvieron presentes en el evento.