Ante los fuertes disturbios registrados en el sistema Transmilenio, a la altura de El Tintal, en el sur de la capital de la República, la Defensoría del Pueblo desplazó un equipo de funcionarios de la Regional Bogotá al epicentro de los desórdenes.

La Entidad adelantó labores de mediación, que por momentos, permitieron disminuir la intensidad de los enfrentamientos entre ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública. Los funcionarios recibieron el reporte acerca de 55 adultos y 15 menores de edad detenidos, así como de varios heridos a raíz de las protestas y la reacción de las autoridades, verificando la llegada de personal médico a la zona y la respectiva atención de los lesionados.

En virtud de la situación y de las imágenes captadas por la misma Defensoría, la Institución pidió judicializar a los responsables de afectar la infraestructura del transporte público y a quienes atacaron a algunos  medios de comunicación, a la vez que trasladará a los organismos competentes (Inspección General de la Policía y Procuraduría General de la Nación) la quejas de algunas personas que han manifestado haber sido agredidas arbitrariamente por la Fuerza Pública.

La Defensoría del Pueblo recuerda que desde noviembre del año pasado, a partir de un informe basado en visitas a terreno y en la inspección humanitaria de estaciones y portales, había advertido sobre las falencias del sistema respecto a la frecuencia de las rutas, la ausencia de baños para el personal de Transmilenio y los usuarios mismos, fallas en la infraestructura y condiciones no óptimas para la prestación del servicio.

Por ello, y aunque rechaza enérgicamente las acciones de vandalismo que escalaron la legítima protesta de las últimas horas (pues no se pueden afectar los derechos de la mayoría de los ciudadanos), la Defensoría exhorta a la Administración Distrital, para que con base en las recomendaciones de dicho informe, tome las medidas necesarias para procurar la mejor prestación del servicio de transporte masivo en la capital de la República.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado para que la discusión en torno a este vital tema para los ciudadanos, trascienda el escenario político y privilegie en todo caso los derechos de las personas concernidas, a la vez que llama la atención de la sociedad para que el derecho a la protesta se ejerza en el marco de la Constitución y la ley.