La Defensoría del Pueblo llegó al municipio de Guapi, en Cauca, como parte de su Estrategia Territorial Integral en el Pacífico caucano, para atender a población víctima del conflicto armado. Durante dos días desarrolló una misión de orientación y atención en la que orientó y asesoró a 239 personas, tomó 15 declaraciones y elaboró 2 derechos de petición.

La toma de declaración es el paso que permite al Estado reconocer oficialmente a una persona como víctima del conflicto e ingresarla al Registro Único de Víctimas (RUV), requisito para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral.

La misión contó con la participación de la Unidad para las Víctimas —Dirección Territorial del Cauca—, que orientó a 70 personas en materia de ayudas humanitarias e indemnizaciones. 

Asimismo, el Consejo Noruego para los Refugiados también acompañó el proceso: formuló 10 derechos de petición dirigidos a la Unidad para las Víctimas, en los que solicitó estudios de priorización, reconocimiento de ayudas humanitarias y entrega de indemnizaciones a familias de personas fallecidas.

En la Institución Educativa San José se puso en marcha la estrategia de fortalecimiento de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes. Las actividades incluyeron un taller con estudiantes de grado octavo sobre acoso escolar, ciberacoso y violencia sexual; un diálogo con docentes sobre prevención de violencias, y una reunión con la rectoría para acordar sesiones de trabajo en agosto con docentes y familias.

La agenda incluyó un espacio con lideresas y líderes comunitarios centrado en dos ejes: la prevención de violencias en la primera infancia, con énfasis en la ruta de atención a la violencia sexual, y la construcción de nuevas masculinidades y la deconstrucción de patrones de crianza en torno al cuidado.

La entidad también sostuvo una reunión técnica con Cococauca para concertar la logística, el presupuesto, el cronograma y el censo de participantes de la toma de declaración colectiva étnica de la organización, en cumplimiento de un compromiso previo.

En el encuentro se revisaron los soportes técnicos requeridos y se definió la ruta más adecuada para el desarrollo del ejercicio. Para determinar el número de asistentes y el municipio sede, se tuvo en cuenta el contexto del conflicto armado en los territorios étnicos y las barreras de movilidad de las comunidades, ubicadas en zonas de difícil acceso.

Finalmente, se aplicó la herramienta de diagnóstico de fortalecimiento a víctimas con el representante de la Mesa Municipal de Víctimas de Guapi. Los participantes señalaron que el desconocimiento de la Ley de Víctimas limita su capacidad de incidencia y representación, y pidieron ampliar la capacitación en esa materia.

Días antes, en el municipio caucano de Timbiquí, la Defensoría realizó 278 asesorías en rutas de atención y exigibilidad de derechos, tomó 171 declaraciones individuales y elaboró 28 derechos de petición para solicitar asistencia y ayuda humanitaria de emergencia. También brindó acompañamiento técnico para el censo y la toma de declaración de 107 familias víctimas de confinamiento masivo en el corregimiento San Bernardo.