Bajo la garantía de protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público de los ciudadanos de Inírida, capital del departamento del Guainía, un juzgado del circuito de Villavicencio admitió la demanda de acción de popular radicada por la Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Guainía.

Igualmente, fue notificado aviso emplazatorio (ubicar a alguien para que se presente ante un juez y responda por un proceso al que está vinculado) contra el municipio, el Centro de Desarrollo Ambiental Regional del Guainía, la Empresa Departamental de Servicios Públicos del Guainía SAS-ESP (Escalar) y la Empresa de Administración Pública Cooperativa Aguas del Guainía APC, con el fin de que sean protegidos los derechos al acceso a los servicios públicos y a una prestación eficiente y oportuna. 

Asímismo, al derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a tener una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el derecho al medioambiente sano, previstos en el artículo 4.° de la Ley 472 de 1998 y considerados presuntamente vulnerados debido a las malas condiciones de infraestructura del alcantarillado del municipio.