La Constitución de 1991: Un compromiso de equidad y presencia territorial
- Lun, 07 jul 2025
Bogotá, 7 de julio de 2025, (@Defensoriacol). Al cumplirse 34 años de su promulgación, la Constitución Política de 1991 sigue siendo la esperanza de construir un país justo y equitativo para todas las personas, en todo el territorio nacional. Así lo reafirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la conmemoración de la Constitución, donde destacó la importancia del Estado Social de Derecho y la misión de la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos fundamentales en las regiones más apartadas.
Un sueño jurídico: El Estado Social de Derecho y la dignidad
En su intervención en la segunda conferencia de la jornada: “El rol del Estado en la protección de los derechos fundamentales en el territorio”, realizada en la Alcaldía de Bogotá, la Defensora del Pueblo enfatizó que la Constitución del 91 transformó a Colombia, pasando de ser una Nación que solo aseguraba el imperio de la ley, a una que también garantiza una existencia digna, libre de pobreza y miseria. Este ideal, plasmado en la fórmula de Estado Social de Derecho, es el pilar de la labor de la Defensoría, cuya actividad se centra en proteger y promover los derechos, especialmente en aquellos lugares donde la capital parece distante y el Estado central ha sido históricamente ausente.
“Para la Defensoría del Pueblo, la capital es el territorio”, afirmó Marín Ortiz, subrayando que el verdadero centro de la garantía de los derechos fundamentales se encuentra en la periferia política y geográfica del país.
Durante la conmemoración de los 34 años de la Constitución Política de Colombia de la @CConstitucional y @Bogota, la Defensora del Pueblo, @MarnIris, hizo algunas reflexiones sobre el proyecto transformador de la Constitución, la desigualdad y la necesidad de profundizar la… pic.twitter.com/YqqFOb1jXF
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#EnImágenes | La segunda conferenciade la jornada, llamada “El rol del Estado en la protección de los derechos fundamentales en el territorio”, estuvo a cargo de Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo @DefensoriaCol
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La descentralización: Una visión de los constituyentes
La Defensora recordó, además, el espíritu de unidad que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente, un momento en el que se buscaba pasar la página de los conflictos para construir una Colombia incluyente. En ese sentido, resaltó las visiones de constituyentes como Lorenzo Muelas y Gustavo Zafra, quienes abogaron por una descentralización basada en los derechos y la autonomía regional, superando así la dicotomía entre centralismo y federalismo.
Ya en 1991, el constituyente Eduardo Verano advertía sobre las profundas inequidades que el Estado seguía reproduciendo en el tratamiento político, jurídico, administrativo y fiscal de los territorios, privilegiando a ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, en detrimento de otras regiones históricamente excluidas. Esta denuncia, que sigue resonando hoy, destaca la necesidad de repensar la asignación de recursos públicos y construir un orden territorial verdaderamente justo, equitativo e incluyente.
Desigualdad: Un desafío persistente que impacta los derechos
Aunque desde 1991 se ha logrado reducir la desigualdad, la Defensora señaló que el goce de los derechos aún varía significativamente según la identidad de la persona y el lugar de nacimiento. Cifras del Banco Mundial revelan que Colombia sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad de ingresos a nivel global, ocupando el tercer lugar después de Sudáfrica y Namibia. Además, presenta uno de los peores índices de movilidad social, con un promedio de once generaciones para que un hogar ascienda a la clase media.
La situación es especialmente crítica en poblaciones indígenas, afrodescendientes, raizales, personas desplazadas, campesinos y hogares con personas de nacionalidad venezolana, quienes experimentan tasas de pobreza que duplican o superan ampliamente las del resto de la población. La superposición de los mapas de necesidades básicas insatisfechas y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo demuestran que las regiones con mayores índices de pobreza, como Chocó, La Guajira y Vichada, concentran un alto número de riesgos para los derechos humanos.
Deudas pendientes: La vulneración de derechos en los territorios
La Defensoría del Pueblo evidenció cómo las desigualdades territoriales se traducen en la vulneración masiva de derechos fundamentales, citando sentencias emblemáticas de la Corte Constitucional, declaradas en los procesos de cosas inconstitucional.
Sentencia T-302 de 2017 (niñez Wayúu): A pesar de la reducción de muertes de niños y niñas Wayúu, un estudio reciente de la veeduría ciudadana muestra un desfase crítico por la falta de capacidad institucional, descoordinación y baja participación de las autoridades tradicionales.
Sentencia SU-122 de 2022 (Centros de detención transitoria): La falta de articulación entre el nivel nacional y territorial ha impedido la provisión oportuna de alimentación básica a las personas privadas de la libertad, llevando a la Corte a conminar al gobierno nacional a mantener este apoyo.
Sentencia T-025 de 2004 (Personas desplazadas): Tras más de 21 años, el seguimiento a esta sentencia muestra la afectación desproporcionada de mujeres y niñas indígenas, con situaciones de exterminio cultural, violencia sexual y omisión institucional.
Sentencia SU-546 de 2023 (Líderes y lideresas sociales): La libertad y autonomía para ejercer el liderazgo no es igual en todo el territorio, evidenciando asimetrías de poder que impactan la efectividad de sus derechos.
Hacia un futuro equitativo: propuestas de la Defensoría del Pueblo
La Defensora del Pueblo planteó algunas ideas iniciales para avanzar en el gran proyecto transformador de la Constitución de 1991:
- Garantizar la autonomía territorial: Los derechos de las entidades territoriales son una proyección de los derechos de sus habitantes. Fortalecer esta autonomía es indispensable para proteger los derechos fundamentales.
- Fortalecer el Sistema General de Participaciones: El reciente Acto Legislativo 03 de 2024, que reforma aspectos estructurales del sistema, busca aportar una respuesta al crecimiento del porcentaje de los ingresos corrientes de la nación en los próximos 12 años, para fortalecer la autonomía de las entidades territoriales.
- Reformular la actitud de las entidades territoriales: No solo se trata del sistema de participaciones, sino de la capacidad de las regiones para generar recursos y oportunidades de manera autónoma, empoderándose para usar eficientemente sus herramientas de planeación y presupuestación. Las entidades territoriales deben ser agentes de transformación regional, no solo víctimas del centralismo.
- Cambiar la relación nación-territorio: Es fundamental evitar la óptica clientelista que favorece la corrupción y que ve los recursos públicos como un medio para ganar elecciones.
- Fortalecer las capacidades territoriales: Un aumento de recursos debe redundar en el afianzamiento de la autonomía de departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas, y en la garantía de los derechos fundamentales de sus habitantes, especialmente en las regiones más periféricas y relegadas.
La Defensora concluyó su intervención reiterando que el pacto político de la Constitución está más vigente que nunca. El trabajo de las instituciones es profundizar su cumplimiento para generalizar la garantía de los derechos humanos en todas las regiones del país. “Esta fue la esperanza sembrada hace 34 años, esperanza que debemos conservar, preservar y trabajar todos los días para materializar la garantía a toda persona de un Estado Social de Derecho, el derecho a vivir en dignidad, en paz, sin importar en qué territorio nace”, puntualizó.
