Bogotá, 29 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). El Ministerio de Igualdad y Equidad entró en proceso de liquidación debido al cumplimiento del plazo fijado por la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional. La decisión judicial había dado plazo hasta el cierre de la legislatura 2025-2026 para subsanar los vacíos que dieron origen a la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023, que lo creó. El Gobierno expidió el Decreto 626 de 2026, que liquida el Ministerio.

Sin embargo, la transición de las políticas a cargo del Ministerio no es clara y hay incertidumbre sobre varias de ellas. Dicha incertidumbre afecta la continuidad y adecuada transición en la implementación de medidas de política pública a favor de mujeres, personas con Orientaciones Sexuales e identidades de Género no Hegemónicas -OSIGNH-, pueblos étnicos, personas con discapacidad, juventudes, personas mayores, población migrante, comunidades campesinas y otros sujetos de especial protección constitucional.

Preocupa especialmente:

●    Que el Decreto 626 del 19 de junio de 2026 disponga el traslado de funciones al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social bajo el criterio de “costo cero”, sin garantías claras sobre capacidades técnicas, presupuesto y coordinación institucional.
●    Que la transición institucional pueda generar desarticulación de políticas públicas, interrupción de programas y pérdida de capacidades estatales acumuladas para atender desigualdades estructurales.
●    La incertidumbre sobre la instancia competente para dar continuidad a las funciones que venía ejerciendo el Viceministerio de las Mujeres y, particularmente, a las políticas y mecanismos dirigidos a prevenir, atender, sancionar y reparar las violencias contra las mujeres.
●    El riesgo de afectación de fondos y programas estratégicos como el Fondo “No es Hora de Callar”, el Fondo “Todos Somos PAZcífico” y el “Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial”.
●    La posible afectación de la implementación y seguimiento de los CONPES 4080 de 2022, 4143 de 2025 y 4147 de 2025 en materia de equidad de género, cuidado y garantía de derechos de personas OSIGNH.
●    El riesgo de que programas, equipos técnicos y espacios de interlocución con organizaciones sociales queden en un limbo institucional.
●    Que la transición implique una disminución de la capacidad estatal para garantizar derechos de poblaciones históricamente discriminadas y sujetas de especial protección constitucional.

Recientemente, el Comité de Expertas del Mecanismo de la OEA de Seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer - MESECVI, llamó al Estado colombiano a garantizar la continuidad y fortalecimiento de la institucionalidad de género y recordó que el principio de progresividad y no regresividad exige preservar los avances alcanzados en materia de derechos de las mujeres y capacidades estatales para prevenir y atender las violencias. Adicionalmente, similares inquietudes se podrían formular a la luz de las obligaciones jurídicas para la erradicación de la discriminación étnica y racial, el deber de garantizar la igualdad de género para personas LGBTIQ+, los derechos de las juventudes, del campesinado y el deber de avanzar en la superación de la pobreza.

Por ello, solicitamos con urgencia al Gobierno nacional garantizar la continuidad efectiva de las políticas públicas de igualdad y de los mecanismos de interlocución con organizaciones sociales y poblaciones sujetas de especial protección constitucional y, en particular:

●    Adoptar y publicar una ruta integral de transición que precise qué funciones serán trasladadas, a qué entidades, con qué respaldo presupuestal y cómo se garantizará la continuidad de programas, fondos y espacios de participación social.
●    Asegurar que el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Hacienda y las demás entidades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la transición no implique retrocesos en la protección de derechos ni pérdida de prioridad política, técnica o presupuestal de las políticas de igualdad.
●    Preservar las capacidades técnicas acumuladas, los equipos especializados y los sistemas de seguimiento necesarios para enfrentar desigualdades estructurales y violencias basadas en género y prejuicio.

Adicionalmente, una transición institucional adecuada en la liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad es también una necesidad para garantizar un empalme organizado para el nuevo Gobierno, quien, más allá del diseño institucional que adopte, deberá garantizar la continuidad de las políticas en favor de la igualdad material de las personas y colectivos que enfrentan mayores niveles de discriminación, pobreza y violencia.