“Voces ignoradas” es el informe que lanza esta semana la Defensoría del Pueblo sobre la violencia en el marco de la guerra contra personas con identidad sexual o de género diversa.

“José cerró la puerta, me empujó a la cama y puso su pesado pie en mi pecho, su bota militar olía a mierda de perro y él a sudor. Le pregunté qué pasaba; sólo me miró mientras desabrochaba su cinturón y luego su pantalón; sentí miedo y deseé desaparecer; me penetró una y otra vez, me golpeó y pateó, le supliqué parar y me abofeteó, tenía ira en sus ojos, pero también se sentía poderoso. (...) mis oídos trataban de guardar sus palabras: ‘En estos días vuelvo para que no se ponga triste, y ojo con esa lengua y se pone de sapa’. Con una risa cínica me preguntó si ya me gustaban los hombres y cerró”.

Ese es el testimonio de Adriana González*, que pone en evidencia lo que ha significado para miles de personas tener una identidad de género diversa en medio del conflicto armado colombiano y hace parte del informe Voces ignoradas, que la Defensoría del Pueblo lanza esta semana. Se trata de un esfuerzo por fijar la mirada en lo que han vivido las personas de orientación e identidad diversa durante medio siglo de guerra en el que han sido asesinadas, desplazadas, humilladas y violentadas sexualmente por causa de su identidad y género. Según el informe, la comunidad LGBTI no sólo ha sido un objetivo contra el cual los actores armados han operado con crueldad, sino también un grupo de víctimas ignorado por el Estado.

Más de siete millones de víctimas del conflicto han sido registradas en la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, de las cuales 1.422 han declarado ser parte de la población LGBTI. Pero el número puede ser mucho mayor, pues al menos 56.000 personas incluidas en el registro no informaron su género y otras 19.000 se incluyeron en la categoría de “no definido”. El estigma sobre la comunidad LGBTI y la dificultad aún existente para visibilizar los delitos sexuales, señala el informe, hacen que la identificación de las víctimas de esta población dentro del conflicto ya sea una deuda pendiente del Estado.

Como se percibe en el testimonio de Adriana González, entre los actores armados ha persistido la visión de una forma correcta de ser: la heterosexualidad. El abuso sexual se manifiesta en violencia correctiva y ejemplarizante. El informe de la Defensoría señala el extremo de irracionalidad de estas prácticas: “Además de abusarnos y satisfacer sus deseos, piensan que curan de algo que está mal”, dice una lesbiana. “Nuestros cuerpos son utilizados como cuerpo mensaje. Nos meten 20 puñaladas, cogen a picarnos, ponernos los órganos masculinos en la boca. ‘Si sos así, esto es lo que te va a pasar’”, cuenta una víctima transexual.

Los ataques contra la comunidad provienen de todos los actores armados y tienen distintas formas, además de las violaciones, el homicidio o el desplazamiento. En mayo de 2003, por ejemplo, estructuras paramilitares organizaron peleas entre 16 jóvenes homosexuales que fueron obligados a enfrentarse para el “entretenimiento” del público, en el corregimiento Alto de Julio (Sucre). Y entre 1998 y 2002, en Meta y Caquetá, las Farc obligaron a la comunidad LGBTI a que se practicaran la prueba de VIH.

Pese a la evidencia sobre las violaciones de derechos humanos a esta población en el marco del conflicto, los reconocimientos por parte de la justicia han sido mínimos. Uno de los pocos fue el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá contra Arnubio Triana Mahecha, aliasBotalón, excomandante de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, quien a finales del año pasado fue condenado por perseguir, desplazar, asesinar y amenazar a miembros de la población LGBTI.

“Me aseé tratando de sacar la suciedad de mí, casi un cuarto de blanqueador y media pasta de jabón no fueron suficientes. José se sentía ofendido porque yo acudí a otra persona, o por sapa, como me dijo, así que el miércoles como a las seis de la tarde, los golpes de la puerta me sobresaltaron. Andrea, mi niña de 13 años, inmediatamente se escondió debajo de la cama, aún sin saber por qué. No sé cuántos fusiles tuve en mi cabeza. Me violaron uno tras otro, me insultaron, me denigraron, jugaron con mi cuerpo y con mi ser, lo poco que había quedado de mi integridad, esa noche fue arrebatado. Escuchaba los gemidos de Andrea bajo la cama y rogaba que se hiciese muda”, agregó Adriana González en su relato.

Ya con las cicatrices de la violencia, las víctimas del conflicto que hacen parte de la comunidad LGBTI encuentran en el Estado una barrera para rehacer sus vidas. “La respuesta social e institucional frente a hechos de violencia hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha sido insuficiente”, señala el informe de la Defensoría. Y esa insuficiencia va desde la falta de documentación de los hechos victimizantes y la ausencia de garantías, que siempre revictimiza, hasta “la falta de sensibilidad de quienes forman parte de este Estado y de la sociedad”.

“Se vistieron uno a uno”, dijo Adriana González, cerrando su historia. “No sé cuántos golpes recibí esa noche, pero me dolía mi cuerpo desde la punta del pie hasta lo más profundo de mi ser. Con risa cínica y complaciente, el jefe dijo que me vistiera y como un eco resonó la voz de él indicando que me fuera lejos. No sé si la palabra más linda o la más terrible, porque a veces he deseado haber muerto en ese instante”.