La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría Regional de Caldas, las personerías municipales de Anserma, Viterbo, Belalcázar, San José, Risaralda y Mistrató, y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, realizó una jornada de verificación en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Anserma para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en una visita anterior sobre las condiciones de reclusión y, en particular, la prestación del servicio de alimentación.

 Durante la jornada se realizó un recorrido integral por las instalaciones del establecimiento, con especial énfasis en el área del rancho (cocina), espacio en el cual se preparan los alimentos que son suministrados a la población privada de la libertad.

 En este contexto, se revisaron los hallazgos previamente identificados en inspecciones realizadas durante el año anterior, en las cuales se evidenció que, si bien existían condiciones básicas de funcionamiento, persistían riesgos sanitarios relevantes, especialmente en la cadena de alimentos, los cuales requerían acciones urgentes por parte de las autoridades competentes y de los operadores del servicio, con el fin de garantizar condiciones dignas y seguras para la población privada de la libertad.

Estos hallazgos dieron lugar a compromisos orientados a la mitigación de los riesgos sanitarios, al mejoramiento de las condiciones del área de preparación de alimentos y al fortalecimiento de los controles necesarios para asegurar la adecuada prestación del servicio de alimentación, compromisos cuyo cumplimiento fue objeto de seguimiento en la presente visita.

 

En el desarrollo de la visita, la Dirección Territorial de Salud de Caldas evidenció nuevos elementos de preocupación que podrían derivar en el cierre del área de cocina del establecimiento. Esta situación representa un riesgo significativo para la continuidad del servicio de alimentación de aproximadamente 200 personas privadas de la libertad, de las cuales cerca de 150 se encuentran recluidas en el ERON Anserma y 50 adicionales corresponden a personas privadas de la libertad ubicadas en Centros de Detención Transitoria (CDT) que dependen del suministro de alimentos preparado en este establecimiento.

 Desde la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus funciones misionales,  realizó un llamado urgente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que adopte las medidas necesarias frente a esta problemática, la cual no constituye un hecho aislado, sino que se presenta de manera reiterada en distintos centros de reclusión del departamento.

De manera complementaria, durante la jornada se atendieron de forma directa las quejas, peticiones y solicitudes de la población privada de la libertad, brindando orientación y acompañamiento institucional en el marco de la garantía de sus derechos fundamentales.

 La Defensoría del Pueblo continuará realizando el seguimiento permanente a las condiciones de reclusión y la vigilancia institucional para garantizar condiciones dignas a la población privada de la libertad en Caldas.